Uso de tecnología reduciría mora judicial y mejorará acceso a justicia

Por: Hogla Enecia Pérez

Murales llenos de papeles indicando el rol de audiencias del día, así como actos de alguaciles, se ven por todos los pasillos y algunas secretarías del palacio de justicia del Distrito Nacional. Si un abogado o usuario desea hacerse con el documento o simplemente está molesto, perfectamente puede arrancarlo, romperlo o botarlo a un basudero.

Esa situación, sumado a que la fijación de audiencias, revisión de medidas y otras cuestiones administrativas del quehacer de los tribunales se llevan a cabo con el apoyo de libros record, es lo que evidencia la urgencia para que el Poder Judicial se aboque al uso de aplicaciones y otras herramientas informáticas que no solo contribuirían a eficientizar los servicios sino también reduciría la mora judicial y ahorraría cientos de millones de pesos.

En los tribunales penales, donde se conocen miles de procesos seguidos a personas por presuntamente cometer actos prohibidos por el Código Penal y otras leyes que rigen la materia, diariamente se imprimen cientos de documentos que al final del día van al zafacón, al mismo tiempo, sus secretarías permanecen congestionadas por abogados y usuarios que solo van a buscar información de sus procesos ya que es la única vía que tienen para mantenerse informados.

Tanto el presidente del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, como jueces, fiscales, abogados y el Plan estratégico del Poder Judicial denominado justicia 20/24 coinciden en establecer la necesidad de adaptar el quehacer diario de los tribunales a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Molina Peña durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) reconoció que las estadísticas de casos de la judicatura no son confiables, que no saben cuántos casos entran ni salen de la judicatura, no se manejan las etapas que llevan los procesos y otras cuestiones que son importantes para un desempeño de la institución.

“Nosotros no tenemos los números a mano y eso nos lleva a un gran reto que es el reto de pasar de una justicia totalmente análoga a una justicia digital que pueda ser supervisada. Nosotros hoy en día no sabemos cuántos realmente casos están en mora en el instante, tenemos que hacer un inventario y eso va en detrimento de poder tener una buena normativa”, puntualizó tras destacar que no existe un inventario en línea de los más de 535 mil casos que hay en los tribunales.

Por sus experiencias en el sistema tanto como administradores de justicia como de acusadores y litigantes en los tribunales, varias personas han compartido con Diario Libre algunas propuestas que a su entender contribuirían a brindar una justicia oportuna y apegada al estado democrático social y de derecho que rige en la República Dominicana.

El presidente de la Cámara Penal del Distrito Nacional, Teófilo Andújar, es de opinión de que las excepciones e incidentes que planteen los abogados tanto en la audiencia preliminar como previo al inicio del juicio deberían poder ser notificados vía electrónica al juez que las va a conocer y que por esa misma vía el magistrado de respuesta a dichos requerimientos.

“Todo esto se hace físico, incluso hay incidentes que las oficinas grandes, tienen una especie de esquema, modelo preelaborado y te notifican incidentes de 500 y 700 páginas que no hay juez que lo lea aquí. Entonces eso hay que mejorarlo”, describió el juez.

Aunque reconoce que cuando los abogados presentan solicitudes son ellos mismos los responsables de hacer las copias para notificar a las demás partes envueltas en el proceso, sin embargo, cuando ya es una acusación hecha por el Ministerio Público o un auto de apertura a juicio dictado por un tribunal, el gasto corre por el Poder Judicial.

Para el magistrado estos actos deberían poder notificársele a los envueltos en el proceso vía electrónica, en un CD. Citó como ejemplo el caso de Los Tres Brazos, Odebrecht, Banco Peravia, Maconi, entre otros, donde hay un expediente voluminoso y una gran cantidad de imputados a los cuales hay que notificar junto con sus abogados.

Andujar cuenta que, con mucha frecuencia, imputados rehusan recibir las notificaciones porque el expediente es muy grande y que incluso han manifestado que inmediatamente lo reciban lo van a echar en un zafacón, ya sea porque no saben leer o porque consideran que a quien se le debe entregar es a su abogado defensor.

Para la procuradora adjunta y exfiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, en el Poder Judicial se debe desarrollar un programa útil no solo para notificar y fijar de manera inteligente las audiencias sino también emitir alertas para los controles administrativos a los fines de evitar que expedientes sobreseídos queden en el olvido.

“Este sistema no solo puede servir para reorganizar el sistema de archivo del sistema de justicia pero además, sirve para evitar actos de corrupción como la extracción de piezas de expedientes porque al fin y al cabo están en un sistema”, describió.

Dominicana es un país que vive del turismo pero también es una ruta utilizada por el crimen organizado para el tráfico de drogas, razón por la cual, Berenice Reynoso plantea que el sistema de videoconferencia que ya utilizan algunos tribunales, sea colocado en cada departamento judicial para que los extranjeros víctimas de delitos pudiesen testificar y dar seguimiento a sus casos desde el país en donde se encuentren.

Pero esta herramienta no debería ser únicamente para testigos residentes en el extranjero sino también para casos locales que requerirían el traslado de personas desde lugares muy distantes.

“Droga es aproximadamente el 40 por ciento de los casos judicializados. Por qué nosotros para esos procesos, no podemos tener en los distintos palacios de justicia por ejemplo un sistema de video interrogatorio de forma que el oficial que está en Santiago en lugar de tener que ir a Pedernales a testificar lo puede hacer desde Santiago y ahí se estarían garantizando los principios del juicio porque las partes también pueden hacer uso de esta herramienta, esto a los fines de evitar aplazamiento”, describió la exfiscal.

El director del Observatorio Judicial Dominicano, Harold Modesto, explicó que el uso de la tecnología trae como resultado una mayor eficiencia en el sistema de justicia, crea mayor transparencia y permite de la ciudadanía se empodere de los procesos.

Describió que el solo hecho de que exista un software que envíe correos electrónicos o alertas a los abogados y usuarios implicaría que el poder judicial tendría al mismo tiempo las estadísticas, automáticamente, de con qué tanta celeridad y con qué tanta eficiencia los tribunales entregan decisiones a los usuarios.

En tanto que el defensor público, Harold Aybar, propone que la aplicación o software que se desarrolle también debería dar la opción para que con el número de expediente, se dé seguimiento en línea a los casos (fijación de audiencia, solicitud de prórroga, depósito de aplicación y motorizar cualquier acción).

Materia Civil

Para el manejo de los casos de demandan civiles, materia que tiene solo en la Suprema Corte de Justicia más de 11 mil expedientes en mora, jueces plantean eliminación de las audiencias de casación y otras cuestiones que ahorrarían tiempo y recursos a ese poder del Estado.

Para Samuel Arias Arzeno, miembro de la Primera Sala de la SCJ, en muchos tribunales, la fijación de audiencia, es una pérdida de tiempo y de recursos que se pueden ser solucionados con la implementación de programas tecnológicos adecuados. También habla de la opción para realizar solicitudes y pagos en línea.

Arzeno describió que el hecho de que se implemente la tecnología en la justicia no significa que van a desaparecer los servicios personalizados, más bien de lo que se trata es de acercar el servicio como un tema de acceso a la justicia dijo al citar que una gran ventaja tanto para la judicatura como para los usuarios, sería que una persona que vive en Padre las Casas, Azua, pudiera interponer un recurso de casación desde un tribunal de primera instancia o juzgado de paz de su demarcación sin necesidad de viajar a Santo Domingo.

El entonces presidente de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional y ahora juez de la Suprema, Justiniano Montero, logró que en esa jurisdicción se hiciera una base de datos con los correos de los abogados litigantes y desde ahí se les notifica fijación de sala, audiencias, se les comparte un enlace desde donde ponían a su disposición las pruebas que formaban parte del proceso y se les hacía saber por esa misma vía cuando la sentencia estaba lista.

Cuenta que tenía en planes desarrollar un proyecto mediante el cual fuera posible que cuando se trate de certificaciones como, no apelaciones, tanto en primera instancia como en la corte, dichas solicitudes se hicieran a través de una página web y esa misma plataforma le hiciera saber al usuario cuándo ir a buscarla.

Otra propuesta que ha hecho es que todas las gestiones administrativas en ocasión de la prenda sin apoderamiento y de la venta condicional de muebles se pudieran realizar vía una plataforma virtual.