La capitalización: una reforma que todavía no logra sus objetivos
Santo Domingo . Al asumir el poder por primera vez en el período 1996-2000, el presidente Leonel Fernández vendió a los dominicanos la idea de capitalizar las empresas que conformaban el patrimonio nacional, como una forma idónea de lograr eficiencia y calidad en los servicios que se ofrecen a la población. Pero a ocho años de iniciado aquel proceso, las promesas quedaron truncas y aunque en algunos casos se observan mejorías, en la mayoría de las compañías la recuperación fracasó y sus activos físicos quedaron convertidos en chatarras.
"La reforma, donde la capitalización fue una parte, no obedecía a una conceptualización ideológica, sino a una realidad. No había energía eléctrica y la CDE no era objeto de crédito y no podía conseguir financiamiento. Entonces el camino que tenía (el país) era capitalizar", dice.
El país logró aumentar su capacidad de generación energética pasando de 1,500 megavatios en el año 2000 (incluyendo más de un 50% que se compraba a los generadores privados independientes), cuando la demanda rondaba los 1,600 megavatios, a unos 3 mil megavatios a la fecha, cuando la demanda de energía ronda los 1,800 megavatios. Sin embargo, todavía la población padece de hasta 18 horas de apagones, y la tarifa del servicio se ha incrementado de 1.32 pesos a 10 y 25 centavos de dólar el kilovatio, equivalentes a unos 3 y 8 pesos.
No obstante, para el Superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, la capitalización de la CDE dio sus frutos, y resalta una inversión de más de 1,500 millones de dólares que se hizo al sector energético en 1999 producto de ese proceso. Pero admite que en cuanto a distribución del servicio "nos hemos quedado muy por debajo de las metas".
Aunque se han creado programas de energía de 24 horas, que llega a unos 220 sectores, estos apenas representan un 45% del total de circuitos del país. Desde el punto de vista de Méndez, las deficiencias en el servicio se deben a problemas financieros que resultaron de las alzas del petróleo y de las distorsiones que, según dice, se hizo al proceso de capitalización mediante el Acuerdo de Madrid y la re-nacionalización de las empresas distribuidoras que se hicieron durante la administración de Hipólito Mejía (2000-2004).
Estas distorsiones habrían obligado al actual gobierno de Fernández a idear un plan de recuperación de la industria que incluye gestionar una renegociación de contratos con las distribuidoras. Desde octubre de 2006, el mandatario abrió un diálogo para cambiar los términos del denominado Acuerdo de Madrid, firmado en 2001, el cual compromete al Estado y a las distribuidoras de electricidad con un monto invariable de compra de energía durante 15 años, y que culmina en el 2016, cuando los contratos originales de la capitalización eran solo a cinco años.
Al abrir el proceso, que todavía no culmina, el presidente Fernández dijo que su gobierno "llama a una conciliación del interés nacional con el interés particular y en este caso el interés nacional va en vía de crear lo que originalmente fue concebido en el marco de la reforma, crear un mercado eléctrico que pueda funcionar con criterio de competencia y que eso permita que haya un fluido eléctrico que sea sostenible, confiable y al mejor precio para el consumidor".
Sin embargo, para Isa Conde los problemas en el sector energético empezaron con la primera gestión del propio presidente Fernández, a quien acusa de ser el principal "violador" del proceso de reforma, cuando por "cuestiones políticas" autorizó un subsidio al sector energético.
"La reforma preveía la eliminación de los subsidios para que el Estado no tuviera que pagar nada", recuerda. "Pero vino un aumento del precio del petróleo que iba a producir un incremento en la tarifa que quizá no llegaría a cinco centavos, pero era una época electoral y con el problema de los apagones que se incrementaron en ese momento por el reventón de algunas plantas que ya estaban explotadas, el Estado comete el error de violar la reforma y ofrecer un subsidio para que no subieran las tarifas", afirma.
Isa Conde agrega que "el Gobierno no tenía el dinero para pagar ese subsidio y comenzó a producir un incremento de las deudas del Estado para con los distribuidores y de éstos para con los generadores". El subsidio que al que se refiere Isa Conde, alcanzó los 80 millones de pesos mensuales por concepto de indexación por inflación, más otros 80 millones por las alzas de los combustibles, según expuso el propio presidente Fernández en su discurso de presentación de memorias relativas al año 1999 ante el Congreso Nacional.
Las deficiencias de la reforma también se evidencian en el caso de Corde. Cuando se hizo el proceso de saneamiento para la capitalización en 1999, existían unas 24 empresas de unas 30 que tuvo originalmente esa corporación. Aunque de esas 24, la mitad estaban cerradas, existentes sólo en papel, las restantes operaban con precariedades, reflejando unas pérdidas de alrededor de 1,800 millones de pesos, según declaró el entonces director de Corde, Eduardo Selman.
Sin embargo, al día de hoy muchas de esas empresas ya no existen más que en papeles y sólo dos de ellas siguen arrendadas y reportando beneficios: Molinos Dominicanos y la Tabacalera.
El Estado recuperó las Minas de Sal, que en la actualidad mantiene una producción de subsistencia de unas 10 mil toneladas de sal al año, cuando en condiciones óptimas pudiera superar los 200 mil toneladas, según estima el actual director de Corde, Leoncio Almánzar.
"La capitalización no fue exitosa en su totalidad, aunque si el éxito se entiende por no perder, entonces, el Estado no está perdiendo. Pero lo que ha quedado en Corde son terrenos, en su mayoría invadidos, el seguro San Rafael y sus deudas. De las demás empresas sólo están las instalaciones, propiedades, hierros viejos, o sea que no hay nada tangible", dice Almánzar para quien uno de los errores del proceso fue que "se debió vender todas esas empresas en el momento en que estaban en producción y no capitalizarlas".
El CEA
Al momento de la capitalización, el CEA arrendó diez ingenios de los cuales hoy apenas uno se mantiene en pleno funcionamiento, mientras que de los nueve restantes algunos fueron o están siendo desmantelados y otros se encuentran paralizados y a la espera de nuevos arrendamientos.
En la actualidad el Gobierno gestiona nuevos socios para aquellos ingenios cuyos arrendatarios no los pudieron poner en operación y darlos a otras empresas para la producción de etanol, según indica Faustino Jiménez, director ejecutivo del Instituto Azucarero Dominicano (Inazúcar), en un documento oficial de esa entidad.
"En los actuales momentos, el Gobierno nacional viene impulsando un ambicioso proyecto para integrar grandes plantaciones de caña estatales a la producción de azúcar, bio-etanol y cogeneración. Nos referimos a grandes extensiones de terrenos cultivados de caña pertenecientes a siete (7) ingenios que hasta hace poco pertenecían en condiciones de arrendamientos a inversionistas privados", dice Jiménez.
Añade que "al incumplir estos, los acuerdos con el Gobierno, en lo relativo a inversión, por falta de capital no pudieron entonces desarrollar esas empresas, viéndose obligados esos inversionistas a abandonar los proyectos, por lo que el Gobierno negocia con nuevos inversionistas privados nacionales y extranjeros para la ejecución y desarrollo de ese gran proyecto" que, según dice, superará los 500 millones de dólares.
El ingenio Barahona, en el Sur, y que hoy exhibe una producción récord de unas 50 mil toneladas de azúcar, según su arrendatario el Consorcio Azucarero Central, contrasta con la infuncionalidad de ingenios como Montellano y Amistad, de Puerto Plata, que fueron adjudicados al Consorcio Cañabrava, o con Boca Chica, Consuelo, Ozama, Quisqueya y Río Haina, que quedaron en manos de Impulsora Azucarera del Noroeste.
En el caso de Montellano, ésta dejó la molienda desde hace tres años, y el Amistad nunca llegó a moler desde su capitalización y, según afirman sus antiguos trabajadores y colonos de la zona, apenas se utilizó como banco de piezas para el primero.
"La capitalización fue un desastre porque no se arrendó a las personas adecuadas, ya que la mayoría de los arrendatarios carecían de fondos para poner los ingenios en marcha. Algunos de esos arrendatarios lo que hicieron fue tomar unos ingenios de banco de piezas de otros, como hicieron con el ingenio Amistad que hoy es apenas un cascaron sin equipo y sin nada, y ese no fue el sentido de la capitalización", dice José Gilberto Corniel, presidente de la Asociación de Colonos de Montellano.
Corniel afirma que la paralización de estos dos ingenios ha llevado a la quiebra a los colonos del norte que hoy no tienen donde moler sus cañas, dejando de percibir más de 60 millones de pesos en los últimos tres años. Indica que además de las deudas que arropan a la mayoría del colonato, muchos de los predios cañeros se han perdido por la maleza, los incendios o porque, desesperados, los productores han tenido que usar la caña como pasto para ganado.
Los ingenios del CEA se entregaron a inversionistas privados mediante contratos a 30 años, con una renta básica anual de 11 millones de dólares.
Al año 1998 el CEA arrastraba un déficit financiero de alrededor de 200 millones de dólares y un capital de apenas 76 millones de dólares, más una deuda de otros 115 millones de dólares según se indica en las memorias de la Crep, del periodo 1997-2000. Según el documento, sólo en la zafra 96-97 el Gobierno debió otorgar un subsidio de unos 700 millones de pesos para poder mantener las operaciones de esos ingenios.
En defensa del proceso de arrendamiento que le tocó dirigir en sus inicios, Isa Conde admite el fracaso de la mayoría de los ingenios, pero lo atribuye a las ejecutorias del pasado gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que amenazó con revisar los contratos. Indica que esa postura del entonces presidente Mejía imposibilitó que las empresas arrendatarias consiguieran capital en el mercado financiero para poner en operación los ingenios.
"Esos factores políticos crearon distorsiones a nivel financiero y muchas de esas empresas quebraron, aunque iban a quebrar en manos del Estado, pero por lo menos se sustrajo de entregarle los 900 millones de pesos que se le daba todos los años al CEA, que ahora mismo tiene una gran operación inmobiliaria y desde la reforma el Estado no le aporta un centavo", dice Isa Conde.
No obstante, lamenta la situación de pobreza que envuelve a las personas que vivían de la caña de azúcar y de los ingenios cuyas operaciones fracasaron. "La vida de la gente de esas comunidades cañeras, que siempre habían vivido olvidados de Dios, hoy lo están más, sencillamente por una imprudencia, porque esas cosas no se pueden manejar políticamente", concluye.
La reforma preveía la eliminación de los subsidios, pero vino un aumento del petróleo que iba a producir un incremento en la tarifa y el Gobierno comete el error de violar la reforma". Antonio Isa Conde
Denuncias
Con el arribo del presidente Hipólito Mejía a la presidencia, en agosto del 2000, el proceso de capitalización fue objeto de revisión, suspensiones en algunos casos, y de una serie de denuncias que terminaron con el sometimiento a la Justicia de los principales involucrados. En abril del 2001 la Procuraduría General recibió de parte del Senado un informe sobre las supuestas irregularidades en la capitalización. En el mismo se hacía constar que la CDE había sido subvaluada en 15,993.7 millones de pesos. En varias de las empresas de Corde no se pudo completar la reforma.
Antonio Isa Conde
Como presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, dirigió todo el proceso de capitalización, de lo cual no se arrepiente, aunque asegura necesitó de su mayor valor para enfrentarlo. Hoy, su mayor satisfacción es que nadie pudo tocarlo cuando se auditó el proceso.
"La reforma, donde la capitalización fue una parte, no obedecía a una conceptualización ideológica, sino a una realidad. No había energía eléctrica y la CDE no era objeto de crédito y no podía conseguir financiamiento. Entonces el camino que tenía (el país) era capitalizar", dice.
El país logró aumentar su capacidad de generación energética pasando de 1,500 megavatios en el año 2000 (incluyendo más de un 50% que se compraba a los generadores privados independientes), cuando la demanda rondaba los 1,600 megavatios, a unos 3 mil megavatios a la fecha, cuando la demanda de energía ronda los 1,800 megavatios. Sin embargo, todavía la población padece de hasta 18 horas de apagones, y la tarifa del servicio se ha incrementado de 1.32 pesos a 10 y 25 centavos de dólar el kilovatio, equivalentes a unos 3 y 8 pesos.
No obstante, para el Superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, la capitalización de la CDE dio sus frutos, y resalta una inversión de más de 1,500 millones de dólares que se hizo al sector energético en 1999 producto de ese proceso. Pero admite que en cuanto a distribución del servicio "nos hemos quedado muy por debajo de las metas".
Aunque se han creado programas de energía de 24 horas, que llega a unos 220 sectores, estos apenas representan un 45% del total de circuitos del país. Desde el punto de vista de Méndez, las deficiencias en el servicio se deben a problemas financieros que resultaron de las alzas del petróleo y de las distorsiones que, según dice, se hizo al proceso de capitalización mediante el Acuerdo de Madrid y la re-nacionalización de las empresas distribuidoras que se hicieron durante la administración de Hipólito Mejía (2000-2004).
Estas distorsiones habrían obligado al actual gobierno de Fernández a idear un plan de recuperación de la industria que incluye gestionar una renegociación de contratos con las distribuidoras. Desde octubre de 2006, el mandatario abrió un diálogo para cambiar los términos del denominado Acuerdo de Madrid, firmado en 2001, el cual compromete al Estado y a las distribuidoras de electricidad con un monto invariable de compra de energía durante 15 años, y que culmina en el 2016, cuando los contratos originales de la capitalización eran solo a cinco años.
Al abrir el proceso, que todavía no culmina, el presidente Fernández dijo que su gobierno "llama a una conciliación del interés nacional con el interés particular y en este caso el interés nacional va en vía de crear lo que originalmente fue concebido en el marco de la reforma, crear un mercado eléctrico que pueda funcionar con criterio de competencia y que eso permita que haya un fluido eléctrico que sea sostenible, confiable y al mejor precio para el consumidor".
Sin embargo, para Isa Conde los problemas en el sector energético empezaron con la primera gestión del propio presidente Fernández, a quien acusa de ser el principal "violador" del proceso de reforma, cuando por "cuestiones políticas" autorizó un subsidio al sector energético.
"La reforma preveía la eliminación de los subsidios para que el Estado no tuviera que pagar nada", recuerda. "Pero vino un aumento del precio del petróleo que iba a producir un incremento en la tarifa que quizá no llegaría a cinco centavos, pero era una época electoral y con el problema de los apagones que se incrementaron en ese momento por el reventón de algunas plantas que ya estaban explotadas, el Estado comete el error de violar la reforma y ofrecer un subsidio para que no subieran las tarifas", afirma.
Isa Conde agrega que "el Gobierno no tenía el dinero para pagar ese subsidio y comenzó a producir un incremento de las deudas del Estado para con los distribuidores y de éstos para con los generadores". El subsidio que al que se refiere Isa Conde, alcanzó los 80 millones de pesos mensuales por concepto de indexación por inflación, más otros 80 millones por las alzas de los combustibles, según expuso el propio presidente Fernández en su discurso de presentación de memorias relativas al año 1999 ante el Congreso Nacional.
Las deficiencias de la reforma también se evidencian en el caso de Corde. Cuando se hizo el proceso de saneamiento para la capitalización en 1999, existían unas 24 empresas de unas 30 que tuvo originalmente esa corporación. Aunque de esas 24, la mitad estaban cerradas, existentes sólo en papel, las restantes operaban con precariedades, reflejando unas pérdidas de alrededor de 1,800 millones de pesos, según declaró el entonces director de Corde, Eduardo Selman.
Sin embargo, al día de hoy muchas de esas empresas ya no existen más que en papeles y sólo dos de ellas siguen arrendadas y reportando beneficios: Molinos Dominicanos y la Tabacalera.
El Estado recuperó las Minas de Sal, que en la actualidad mantiene una producción de subsistencia de unas 10 mil toneladas de sal al año, cuando en condiciones óptimas pudiera superar los 200 mil toneladas, según estima el actual director de Corde, Leoncio Almánzar.
"La capitalización no fue exitosa en su totalidad, aunque si el éxito se entiende por no perder, entonces, el Estado no está perdiendo. Pero lo que ha quedado en Corde son terrenos, en su mayoría invadidos, el seguro San Rafael y sus deudas. De las demás empresas sólo están las instalaciones, propiedades, hierros viejos, o sea que no hay nada tangible", dice Almánzar para quien uno de los errores del proceso fue que "se debió vender todas esas empresas en el momento en que estaban en producción y no capitalizarlas".
El CEA
Al momento de la capitalización, el CEA arrendó diez ingenios de los cuales hoy apenas uno se mantiene en pleno funcionamiento, mientras que de los nueve restantes algunos fueron o están siendo desmantelados y otros se encuentran paralizados y a la espera de nuevos arrendamientos.
En la actualidad el Gobierno gestiona nuevos socios para aquellos ingenios cuyos arrendatarios no los pudieron poner en operación y darlos a otras empresas para la producción de etanol, según indica Faustino Jiménez, director ejecutivo del Instituto Azucarero Dominicano (Inazúcar), en un documento oficial de esa entidad.
"En los actuales momentos, el Gobierno nacional viene impulsando un ambicioso proyecto para integrar grandes plantaciones de caña estatales a la producción de azúcar, bio-etanol y cogeneración. Nos referimos a grandes extensiones de terrenos cultivados de caña pertenecientes a siete (7) ingenios que hasta hace poco pertenecían en condiciones de arrendamientos a inversionistas privados", dice Jiménez.
Añade que "al incumplir estos, los acuerdos con el Gobierno, en lo relativo a inversión, por falta de capital no pudieron entonces desarrollar esas empresas, viéndose obligados esos inversionistas a abandonar los proyectos, por lo que el Gobierno negocia con nuevos inversionistas privados nacionales y extranjeros para la ejecución y desarrollo de ese gran proyecto" que, según dice, superará los 500 millones de dólares.
El ingenio Barahona, en el Sur, y que hoy exhibe una producción récord de unas 50 mil toneladas de azúcar, según su arrendatario el Consorcio Azucarero Central, contrasta con la infuncionalidad de ingenios como Montellano y Amistad, de Puerto Plata, que fueron adjudicados al Consorcio Cañabrava, o con Boca Chica, Consuelo, Ozama, Quisqueya y Río Haina, que quedaron en manos de Impulsora Azucarera del Noroeste.
En el caso de Montellano, ésta dejó la molienda desde hace tres años, y el Amistad nunca llegó a moler desde su capitalización y, según afirman sus antiguos trabajadores y colonos de la zona, apenas se utilizó como banco de piezas para el primero.
"La capitalización fue un desastre porque no se arrendó a las personas adecuadas, ya que la mayoría de los arrendatarios carecían de fondos para poner los ingenios en marcha. Algunos de esos arrendatarios lo que hicieron fue tomar unos ingenios de banco de piezas de otros, como hicieron con el ingenio Amistad que hoy es apenas un cascaron sin equipo y sin nada, y ese no fue el sentido de la capitalización", dice José Gilberto Corniel, presidente de la Asociación de Colonos de Montellano.
Corniel afirma que la paralización de estos dos ingenios ha llevado a la quiebra a los colonos del norte que hoy no tienen donde moler sus cañas, dejando de percibir más de 60 millones de pesos en los últimos tres años. Indica que además de las deudas que arropan a la mayoría del colonato, muchos de los predios cañeros se han perdido por la maleza, los incendios o porque, desesperados, los productores han tenido que usar la caña como pasto para ganado.
Los ingenios del CEA se entregaron a inversionistas privados mediante contratos a 30 años, con una renta básica anual de 11 millones de dólares.
Al año 1998 el CEA arrastraba un déficit financiero de alrededor de 200 millones de dólares y un capital de apenas 76 millones de dólares, más una deuda de otros 115 millones de dólares según se indica en las memorias de la Crep, del periodo 1997-2000. Según el documento, sólo en la zafra 96-97 el Gobierno debió otorgar un subsidio de unos 700 millones de pesos para poder mantener las operaciones de esos ingenios.
En defensa del proceso de arrendamiento que le tocó dirigir en sus inicios, Isa Conde admite el fracaso de la mayoría de los ingenios, pero lo atribuye a las ejecutorias del pasado gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que amenazó con revisar los contratos. Indica que esa postura del entonces presidente Mejía imposibilitó que las empresas arrendatarias consiguieran capital en el mercado financiero para poner en operación los ingenios.
"Esos factores políticos crearon distorsiones a nivel financiero y muchas de esas empresas quebraron, aunque iban a quebrar en manos del Estado, pero por lo menos se sustrajo de entregarle los 900 millones de pesos que se le daba todos los años al CEA, que ahora mismo tiene una gran operación inmobiliaria y desde la reforma el Estado no le aporta un centavo", dice Isa Conde.
No obstante, lamenta la situación de pobreza que envuelve a las personas que vivían de la caña de azúcar y de los ingenios cuyas operaciones fracasaron. "La vida de la gente de esas comunidades cañeras, que siempre habían vivido olvidados de Dios, hoy lo están más, sencillamente por una imprudencia, porque esas cosas no se pueden manejar políticamente", concluye.
La reforma preveía la eliminación de los subsidios, pero vino un aumento del petróleo que iba a producir un incremento en la tarifa y el Gobierno comete el error de violar la reforma". Antonio Isa Conde
Denuncias
Con el arribo del presidente Hipólito Mejía a la presidencia, en agosto del 2000, el proceso de capitalización fue objeto de revisión, suspensiones en algunos casos, y de una serie de denuncias que terminaron con el sometimiento a la Justicia de los principales involucrados. En abril del 2001 la Procuraduría General recibió de parte del Senado un informe sobre las supuestas irregularidades en la capitalización. En el mismo se hacía constar que la CDE había sido subvaluada en 15,993.7 millones de pesos. En varias de las empresas de Corde no se pudo completar la reforma.
Antonio Isa Conde
Como presidente de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, dirigió todo el proceso de capitalización, de lo cual no se arrepiente, aunque asegura necesitó de su mayor valor para enfrentarlo. Hoy, su mayor satisfacción es que nadie pudo tocarlo cuando se auditó el proceso.
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