La OMSA, otro fracaso en dignificar el transporte público de pasajeros
Miles de millones de pesos han gastado los diferentes gobiernos con planes que, aseguraron en un principio, resolverían el transporte público y que terminan favoreciendo a empresarios, sindicalistas y exponen la corrupción de funcionarios
SANTO DOMINGO. Las esperanzas que se crearon en el ciudadano cuando se inauguró el corredor 27 de Febrero, en la avenida del mismo nombre, cuando empezaron a circular las primeras 90 unidades de la Oficina Metropolitana de Servicios de Transporte (OMSA) en carriles exclusivos y con una logística que incluyó el retiro a la fuerza de las llamadas “voladoras” de los sindicatos choferiles, fueron frustradas pocos años después, como ha ocurrido en casi cuatro décadas con todas las iniciativas que se han implementado para dignificar el transporte de pasajeros.
Antes de entrar en funcionamiento, el 26 de febrero de 1998, el expresidente Leonel Fernández había emitido, en septiembre de 1997, el decreto 393—97 que creaba la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET), la cual tomaba meses después el control del transporte en el Distrito Nacional y que encabezaría el ingeniero Hamlet Herman.
Herman libró una fuerte batalla con los empresarios de transporte, principalmente con la Federación de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), que preside Juan Hubieres, y con la Central Nacional de Transporte Unificado (CNTU), de Ramón Pérez Figuereo, ya fallecido.
La OMSA fue creada a través del decreto 448-97 y disolvía la Oficina Nacional de Transporte Terrestre (ONATRATE), vigente desde el gobierno de Antonio Guzmán, en octubre de 1979 y cuyo último director, Germán Peña Guadalupe, dijo a los diferentes medios impresos de la época: “Aquí supieron robar, el pueblo lo sabe que realmente muchos se han hecho millonarios a costa de Onatrate”.
En una entrevista al periodista Panky Corcino, del Listín Diario, el 19 de marzo de 1997, Peña Guadalupe decía lo que, según él, “sabe el público” que en las diferentes administraciones que había tenido esa dependencia su flotilla fue desarticulada totalmente “sacadas de Onatrate y distribuidas a personas ligadas al régimen de entonces”, al referirse a los últimos años de Balaguer.
De 710 autobuses con los que contaba la institución para ofrecer transporte a bajos precios a los ciudadanos, en 1997 solo quedaban 32, de las que operaban la mitad.
Transporte de República Dominicana con los vehículos más viejos
República Dominicana solo es superada por Belice y Nicaragua con las flotas de vehículos de transporte de carga y de pasajeros a pesar de más de 24 mil millones de pesos subsidiados en combustibles a los sindicalistas de ese sector.
Así lo indica el estudio de Logística de Cargas de Mesoamérica, en octubre de 2016.
El fallecido exdirector de la AMET Hamlet Herman atribuía la circulación por las calles del país de “tantos vehículos” de hasta 20 años más antiguos a que los diferentes gobiernos “nunca han estado realmente interesados en desarrollar un sistema colectivo de transporte público”. Aseguraba que la “negligencia reiterada” de los políticos convertía el automóvil en una “necesidad imprescindible” para el ciudadano, que está obligado “a adquirir un vehículo para resolver, individualmente, su problema de transporte familiar”.
Costosas iniciativas que la corrupción se tragó
En 1979, los primeros 500 autobuses de Onatrate en el gobierno de Antonio Guzmán, adquiridos en Brasil tuvo un costo de US$12.5 millones.
En 1987, con la creación de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) se invirtieron otros US$8 millones en 200 guaguas que se conocieron como “Banderitas”.
Taxis amarillos y Plan Renove
En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández también se distribuyó a los choferes más de mil unidades de vehículos que por el color amarillo fueron llamados popularmente como “pollitos”. La compra de estas flotillas ascendió a la suma de 60 millones de dólares y estuvo envuelta de denuncias de que los favorecidos eran personas cercanas a los peledeístas, no a los trabajadores del volante.
Los escándalos de corrupción no pararon otro proyecto que se llevó a cabo en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, quien inmediatamente llegó al poder, en agosto de 2000, anunció al país un fondo especial de compensación de 500 millones de pesos destinados al sector transporte público. A través del decreto 618-00 se estableció una tasa cero para la importación de vehículos del transporte de pasajeros y arancel de sólo un 8% para los de carga.
Pocos días después anunció el cuestionado Plan Renove con la compra de 5 mil unidades y que concluyó con un desfalco al Estado de casi 2 mil millones de pesos y la condena de diez de 14 funcionarios públicos en el 2005.
Entre los condenados en octubre del 2005 por la jueza de la Quinta Sala Penal del Distrito Nacional, Esther Agelán Casasnovas fueron Pedro Franco Badía, expresidente del programa gubernamental, Fabio Ruiz, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte (CONATRA) y exdirectivo del Renove, Antonio Marte; Milcíades Amaro Guzmán, el sindicalista Gervasio de la Rosa y al presidente de FENATRADO, Blas Peralta.
Aunque la sentencia fue ratificada por la SCJ en marzo del 2008, cuatro de ellos, Pedro Franco Badía, Casimiro Antonio Marte Familia (Antonio Marte), Milcíades Amaro Guzmán y Gervasio de la Rosa, fueron favorecidos con un indulto un día antes de la Nochebuena de ese mismo año por el expresidente Leonel Fernández.