Manejan como ajuste de cuentas la muerte a tiros del hijo de El Chino
Lo acribillaron desde una motocicleta en marcha en la avenida 27 de Febrero
. Como un caso de sicarito ligado al mundo de las drogas presumen las autoridades que fue el móvil de la muerte a tiros la madrugada de este lunes de Yery Cordero, de 27 años, hijo del condenado por narcotráfico Pascual Cordero (El Chino), baleado mientras transitaba en su yipeta por la avenida 27 Febrero junto a Kadafi Esteban Lebrón, quien también fue herido de bala y se encuentra en estado de gravedad en un centro de salud privado.
“Hasta el momento se presume un acto de sicariato por el tipo de actividades a que él se dedicaba”, declaró el vocero de la Policía Nacional, coronel Frank Félix Duran Mejía, al ofrecer la primera versión oficial del caso.
La información sugiere que Cordero se estaba dedicando a actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque no establece en qué consistirían.
Los detalles preliminares indican que a las 4:30 a.m. Yery y Kadafi se desplazaban por la citada vía en dirección oeste-este en una yipeta marca Lexus 470, blanca, que fue interceptada por hombres a bordo de una motocicleta que la emprendieron a tiros contra estos, provocando que perdieran el control y se accidentaran cerca de la entrada de uno de los túneles y la su carrocería sufrió serios daños.
Los investigadores policiales analizan vídeos de cámaras de vigilancia de la zona de la balacera y el accidente en busca de la identificación de los perpetradores, casquillos que fueron colectados en el lugar y otras evidencias.
Tras el ataque y posterior vuelco, Cordero, quien había celebrado su cumpleaños la noche del domingo en un centro de diversión, y Lebron fueron conducidos a un centro de salud privado, donde el primero fue llevado muerto y el segundo se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado delicado.
La yipeta permaneció hasta horas de la mañana del lunes en la vía, donde provocó un gran taponamiento.
El Chino
Pascual Cordero (El Chino), padre de Yery Cordero, fue sentenciado a cinco años de prisión en 2018 por el Tribunal Colegiado de La Altagracia tras ser hallado culpable de dirigir una organización criminal que se dedicaba al lavado de activos producto del narcotráfico y al tráfico de armas con las que, alegadamente, había amasado una fortuna millonaria.
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