Duquesa, el costo millonario de un proyecto que no avanzó

El costo de cerrar Duquesa no es solo económico. El negocio que surgió alrededor del vertedero, y que sobrevive gracias a su propia informalidad, ha frenado el surgimiento de iniciativas del reciclaje de los desechos, en un país que lleva años intentando definir una normativa para manejar los residuos sólidos de forma sostenible.

Cerrar el vertedero cuesta casi lo mismo que se gastó en ponerlo en marcha hace ya 24 años: 4 millones de dólares, equivalentes a unos 220 millones de pesos al tipo de cambio actual. Pero los negocios informales que nacieron a partir de Duquesa para los buzos, los recicladores informales de residuos y hasta para los comercios superan los 273 millones de pesos anuales, según reveló una consultoría que presentó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace menos de un año.

Sin embargo, aunque cerrarlo sea costoso y el gobierno haya tenido que acceder a un préstamo del multilateral para lograrlo, también representa una sangría de recursos para los ayuntamientos, sin contar con los efectos sanitarios que tiene un vertedero a cielo abierto.

Entre todos pagan alrededor más de 133 millones de pesos cada año por el uso de un vertedero que funciona en condiciones precarias. Claro, unos pagan más que otros y depende de la cantidad de residuos sólidos que generen. Despachar los desechos a Duquesa le cuesta unos 163 pesos por tonelada a los ayuntamientos, según lo acordado entre la comisión que lo maneja y los gobiernos locales.

Al ser el Distrito Nacional la zona más poblada de las que despachan residuos al vertedero, el gasto es mayor: paga unos siete millones de pesos mensuales por las toneladas de basura que envía. Mientras tanto, el ayuntamiento de Santo Domingo Este desembolsa cada mes 3.5 millones de pesos y el de Santo Domingo Oeste 500,000 pesos mensuales. Hasta los ayuntamientos de Los Alcarrizos y el de Pantoja envían sus residuos a Duquesa, por los que pagan 115,000 pesos al mes de sus presupuestos entre ambos. Santo Domingo Norte no paga porque es en su territorio que está asentado el vertedero.

Para los ayuntamientos de la capital la carga financiera de llevar la basura a Duquesa es pesada. La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) calcula que los gobiernos locales de Santo Domingo invierten más del 60 % de sus presupuestos en la recolección de los desechos sólidos, en un servicio por el que pocos pagan.

El potencial que no se alcanzó

Cuando se habilitó Duquesa no estaba entre los planes que se convirtiera en un asunto de salud pública. Se planificó con la intención de que, en lugar de un vertedero, fuera un relleno sanitario, con lo que el impacto ambiental habría sido controlado y distinto. Hubo hasta proyectos para convertir el vertedero en una fuente de energía eléctrica, a través del uso del metano de la basura, pero tampoco avanzó. Sobre este aspecto, el contrato de administración con Lajun Corporation, la empresa que manejaba Duquesa hasta que una sentencia legal le quitó el control, llegó a ser reformulado para que se desarrollara el plan de biogás, que debió entrar en funcionamiento hace casi cinco años.

Pero los frenos a esas iniciativas no solo han llegado de la mano de condiciones incumplidas por parte de la empresa que controló por años el vertedero antes de que las autoridades asumieran su manejo. Hay obstáculos legales: el Congreso Nacional lleva ochos años con la tarea pendiente de aprobar una Ley de Manejo de Residuos Sólidos, que plantea todo un cambio de paradigma en cuanto al tratamiento que se le da a los desechos en el país. Varios sectores han intentado en vano presionar para que se promulgue el instrumento legal que daría paso a una cultura del reciclaje y a un gestión más sana en el manejo de la basura en el país.

Se calcula que en República Dominicana hay unos 358 vertederos a cielo abierto que operan con poco o ningún control sanitario y ambiental. Justamente Ecored ha sido, entre todas las organizaciones que claman por una ley que imponga responsabilidad al tema de los residuos, una de las que más ruido ha hecho para promover la aprobación de la normativa legal que ya cuenta con el visto bueno de la Cámara de Diputados y que solo espera la revisión del Senado.

“Las iniciativas para el reciclaje se ven afectadas por una competencia desleal entre los que cumplen con los requisitos legales y los que aprovecha la falta de legislación para facilitar sus negocios”, señaló la organización en un comunicado.

Solo el vertedero de Duquesa recibe en promedio unas 4,000 toneladas de desechos sólidos que se esparcen cada día en unas 128 hectáreas de terreno. Allí llega todo tipo de desperdicios mezclados desde la capital y, una vez en la zona, es que se empieza a escarbar de manera rudimentaria para clasificar la basura, una actividad de la que viven decenas de familias.

El año pasado el BID, como parte de una solicitud de cooperación técnica que le hiciera el gobierno dominicano para solucionar la gestión de los residuos en la capital, realizó una consultoría en la que detectó el tipo de desechos que son aprovechados en Duquesa de manera informal y, en ocasiones, al margen de la legalidad.

Plásticos blandos y duros, aluminios, hierro, cobre, hojalata, vidrio, cartones, papeles y hasta ropa que luego es vendida en puestos de paca en zonas de la capital son algunos de los desechos que los buzos cazan en medio de las miles de toneladas diarias que llegan a Duquesa. Lo que en otros países se maneja con estándares de reciclaje en el vertedero más grande de la capital se hace en medio de la informalidad.

“El negocio del reciclaje es una compleja red de ir y venir. Los residuos sólidos salen de múltiples formas de los municipios: recicladores callejeros, compradores ambulantes y los vehículos de los servicios de aseo municipal, después llega a los compradores grandes y pequeños y una parte a los vertederos, de lo que llega al vertedero regresa a compradores y finalmente va a las industrias y exportadores” dice el reporte de consultoría realizado para el estudio del BID y de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), organización que financió el proyecto que en el año 1996 intentó convertir a Duquesa de un vertedero improvisado a un relleno sanitario.

El proyecto que llevan adelante las autoridades junto al BID y el JICA intenta que el proceso de reestructuración de Duquesa marche hacia un esquema sostenible de manejo de la basura que podría tardar años en concretarse. En enero de este año el Presidente Danilo Medina promulgó un decreto para crear una comisión de alto nivel que lleve adelante la transformación del vertedero que incluye la rehabilitación del terreno donde opera Duquesa, al norte de la capital, el cierre técnico del vertedero y la planificación y construcción de un relleno sanitario en el que se dispongan los desechos del Gran Santo Domingo.

Mientras tanto, las empresas aguardan por una solución legal al problema de la basura en el país, uno que podría generar, incluso, ganancias para el país y no solo crisis ambientales. De acuerdo a los datos de la Dirección General de Aduanas, República Dominicana exporta unos 400 millones anuales en residuos a diferentes mercados del mundo.

Pero la empresa privada dominicana quiere más: ha intentado varias iniciativas para manejar los desechos sólidos de manera que les permita reducir los gastos y la contaminación que genera la actividad industrial, y el último de esos planes ha sido Nuvi, una alianza empresarial lanzada el año pasada para promover el reciclaje de envases plásticos, un primer paso para avanzar en un esquema en el que de la basura también se saquen ganancias.