Prometieron empleos... y trajeron cenizas
A Víctor Rodríguez Aguirre lo fueron a buscar a su casa en el sector Santa Ana del barrio Jobos en Guayama.
Era una pieza crítica.
El joven padre, residente de la zona más poblada en la periferia de la planta de carbón AES, sabía lo que era vivir en la pobreza.
Se había convertido en líder deportivo y se afanaba por echar adelante a su comunidad. En especial, a los jóvenes que comenzaban a estudiar, sin oportunidad de empleo en el horizonte.
Sus ansias de progreso y su influencia en el barrio eran claves para convencer a otros de que no había nada que temer ante la promesa de que AES invertiría cientos de millones de dólares en la construcción de una planta generatriz de electricidad que no solo inyectaría salarios a la región, sino prosperidad.
“Ellos nos llevaron a Hartford, Connecticut, para ver las facilidades de la AES”, recordó Rodríguez Aguirre sentado en un sillón, desde el balcón de su hogar. “Y lo que nosotros vimos ahí era muy positivo, era acorde con lo que nos habían dicho que se iba a establecer aquí en Puerto Rico”, agregó.
También radioactivas
Las interrogantes del por qué las agencias reguladoras no cumplen con la ley o frenan de una vez la peligrosa disposición del material por la isla, surgieron nuevamente el pasado año al confirmarse otra sospecha.
Investigadores de la Universidad de Duke en Carolina del Norte certificaron que las cenizas de carbón también poseen niveles de radioactividad hasta diez veces mayor que el carbón “debido a la forma en que la combustión concentra las sustancias radioactivas”, en la publicación oficial de la Sociedad Química Americana.
“Y ahora mismo no hay ningún estándar o nivel seguro de exposición para radioisótopos. Cualquier exposición es inaceptable”, puntualizó Rosario López sobre el estudio.
Los hallazgos y conclusiones del equipo científico de Duke coinciden con otro análisis realizado en el 2010 con cenizas extraídas de la urbanización Parque Gabriela en Salinas. El laboratorio Test America Savannah certificó que allí había no solo niveles tóxicos de arsénico, cromo, talio, plomo y molibdeno en este desecho, sino también presencia de radiación alfa.
Tanto la EPA como el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos reconocen que cuando partículas radioactivas son inhaladas, aumenta significativamente el riesgo de contraer cáncer. Estas partículas se dispersan con facilidad al ser manejadas, transportadas y descargadas sin mecanismos de control.
De acuerdo al más reciente Boletín del Registro de Cáncer de Puerto Rico, los municipios de Salinas, Coamo, Santa Isabel, Juana Díaz y Ponce registraron mayor incidencia de todos los tipos de cáncer entre los años 2008 y 2012. Entretanto, se reportó mayor mortalidad entre personas con cáncer residentes en Guayama, Salinas, Santa Isabel, Ponce, Peñuelas y Guayanilla.
“¿La EPA sabe todo esto (de la radioactividad)?”, preguntó el CPI al doctor Rosario López.
“¡Oh! Lo sabe. Lo sabe muy bien y lo saben los asesores de las compañías de carbón. Ellos son científicos también”, respondió.
“Y lo que es totalmente inmoral en esto es que, a sabiendas, se sacrifique la salud y calidad de vida del pueblo por una avaricia económica. A eso es lo que se reduce. Dinero”, sentenció.
Según referencias de la organización Public Justice, a la corporación le costaría entre $100 y $200 por tonelada disponer correctamente de este residuo, pero ha preferido no hacer el gasto.
Lista la bomba de tiempo
Entretanto, los contaminantes de las cenizas ya se filtran entre el suelo y el Acuífero del Sur.
Según advirtió el doctor Rosario López, en todos los lugares donde se han usado cenizas de carbón como relleno existe actualmente la amenaza de contaminación irreversible con metales pesados, por lo que “será cuestión de tiempo” que las concentraciones de tóxicos se filtren hacia abastos de agua como el Acuífero del Sur, hasta hacerlo inservible.
Sus señalamientos, empero, no son alarmistas. En una correspondencia interna de la EPA consta cómo el 7 de noviembre de 2011 la administradora de la Región 2, Judith Enck, alerta sobre este mismo tema al entonces presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Pedro Nieves Miranda.
Enck expresa preocupación y menciona a Nieves Miranda desde casos hasta demandas radicadas en Estados Unidos por la contaminación de acuíferos con elementos tóxicos de cenizas de carbón.
Esta mención, sin embargo, no es la única. En poder de la EPA existe profusa evidencia sobre el contagio de pozos de agua potable con “lixiviados” de cenizas. En especial, por contaminación con cromo hexavalente.
Por ejemplo, la agencia federal encontró que el cromo presente en un acuífero contaminado por un vertedero de cenizas en Ohio alcanzó 1.68 partes por millón, cifra que excede 84 mil veces la cantidad permitida por normas federales.
En casos más célebres ocurridos en Estados Unidos -como los de Town of Pines, Indiana y Chesapeake, Virginia- importantes abastos de agua potable fueron contaminados con cenizas de carbón que habían sido utilizadas como relleno de construcción, igual que en Puerto Rico. En 17 estados ya existen sobre una veintena de casos probados y documentados por la EPA, mientras la entidad estudia al presente cientos de querellas adicionales.
En los lugares donde se ha constatado la contaminación con cromo y otros metales pesados, la extracción de agua ha sido prohibida.
Según el principal asesor en Puerto Rico para asuntos hídricos de la EPA, Carl Axel Soderberg Mayoral, el Acuífero del Sur es una elaborada red de pozos de agua potable que discurre entre los municipios de Guayama a Peñuelas.
De allí se extraen al menos 35 millones de galones diarios y se sirven alrededor de 140 mil personas del área sur. Para los residentes y empresas de Salinas, es el único suministro de agua potable.
Aunque dijo desconocer sobre estudios de la EPA donde se reconoce la toxicidad de las cenizas de carbón de AES, Soderberg Mayoral describió como crítico el estado del acuífero, principalmente por la salinización, y reconoció que cernir otra amenaza sobre el recurso podría ser detrimental para residentes del sur y para las posibilidades de crecimiento comercial e industrial de la zona.
“El acuífero del sur está en una situación crítica... y por lo tanto amerita protección especial”, sentenció.
Sostuvo además que si en algún momento se llegase a vedar el consumo de este recurso “va a haber un problema económico social grave”, en especial para el municipio de Salinas.
“Aunque se busque el dinero donde no lo hay para traerle un suplido alterno superficial, habría que estar en un racionamiento extremo, permanente, por varios años mediante camiones cisternas, porque no hay más ná”, continuó.
“No es si va a pasar o no, es cuándo va a pasar”, insistió por su parte el doctor Rosario López.