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Ministra reitera carácter gratuito de servicios educativos

Recuerda que ninguna autoridad tiene competencia para establecer pagos por ellos

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SANTO DOMINGO.-La ministra de Educación, Josefina Pimentel, reiteró el carácter gratuito de los servicios educativos que ofrece el Estado Dominicano, por lo que solicitó la atención y colaboración de todos los actores del sistema para unificar esfuerzos, con miras a cumplir íntegramente con la legislación vigente y el conjunto de normas que orientan su desarrollo.

En la circular número 16 dirigida a los viceministros de Educación, directores generales y departamentales, regionales, distritales, de centros educativos, padres y madres de familia, tutores y estudiantes, Pimentel enumeró los términos de la circular número 13, del 23 de mayo de 2011, relativos a la gratuidad de los servicios educativos.

Según la circular número 13, el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer educación de calidad a toda la población, particularmente a los niños y los jóvenes con edades comprendidas entre los cinco y 18 años.

Asimismo, dice que los servicios que ofrece el Estado Dominicano a través del Ministerio de Educación (MINERD) son gratuitos y ninguna autoridad tiene competencia para establecer pagos por estos, por lo que queda suspendido todo cobro que pueda ser establecido de manera particular por cualquier instancia o dependencia de la institución, sea local, distrital, regional o nacional.

A través de la Circular número 13 se reitera que las inscripciones, clases, pruebas, certificaciones y cualquier otro servicio ofrecido por los centros educativos u oficinas dependientes del MINERD son gratuitos; en consecuencia, la violación a este precepto tiene que ser denunciada en la instancia que corresponda, investigada y sancionada.

Además, llama a las Asociaciones de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (APMAE) y a las juntas descentralizadas de gestión educativa que funcionan con autonomía, en base a sus propios estatutos y reglamentos, a establecer, de manera consensuada, mecanismos de autogestión que en ningún caso lesionen a las familias, ni priven a algún ciudadano de la obtención de dichos servicios por su imposibilidad de satisfacer los requerimientos que se le hagan.