Cámara de Cuentas determina responsabilidad penal y civil de Peña Guaba en contratación de fiestas populares
El titular del Gabinete de Política Social pagó más de 54 millones a artistas para amenizar fiestas populares de Navidad y fin de año en el 2020
La auditoría reveló varias irregularidades en el proceso
A casi tres años de la controversial contratación y pago total anticipado a artistas para la realización de fiestas populares “virtuales” por parte del Gabinete de Coordinación de la Política Social que dirige Francisco Antonio Peña Guaba, la Cámara de Cuentas publicó este jueves la auditoría realizada a este proceso en la que concluye que se cometieron "inobservancias e incumplimientos a ley" que queda comprometida la responsabilidad civil, administrativa y penal de Peña Guaba y todos los servidores públicos involucrados en dichos contratos.
A solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones, la Cámara de Cuentas inició en mayo del año pasado (2022) la auditoría a la contratación de artistas con el propósito de determinar la legalidad y confiabilidad de la información presentada, con respecto a: contratos de prestación de servicios de artistas, a los fines de realizar presentaciones artísticas gratuitas a la ciudadanía con motivo de las festividades navideñas de 2020.
Peña Guaba entregó la suma de 55,400,000 de pesos de 103,217,000 a los 54 artistas contratados a través de un proceso de excepción, el cual la Cámara de Cuentas determinó en su auditoría que fue realizado sin cumplir con las formalidades legales, que no se publicó la convocatoria en el portal transaccional; que incluso se contrató al merenguero Héctor Acosta cuando la ley prohíbe su participación en estos procesos por su condición de senador.
Sobre el pago anticipado, el órgano auditor dijo que pagar a los artistas antes de que se concretara el servicio contratado también representó una violación al decreto 543-12 que establece que en la administración pública los anticipos no pueden sobrepasar el 20 % del valor del servicio contratado, sin embargo, el Gabinete de Política Social pagó la totalidad del dinero a artistas sin evidencia de certificación de pago de impuesto a la Dirección General de Inmpuestos Internos (DGII) y Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y sin retener las facturas por parte de los artistas.
A Peña Guaba se le dio la oportunidad de responder a estos hallazgos y el documento asienta que el funcionario presentó como evidencia de que se efectuaron las fiestas populares los links de las presentaciones que fueron transmitidas en medios televisivos y digitales, sin embargo el organismo auditor mantuvo como una falta la ausencia de facturas.
Otras de las anomalías que presentó las contrataciones, según la Cámara de Cuentas, fue que ninguno de los artistas contratados contaba con Registro de Proveedor del Estado (RPE), un requisito indispensable para contratar con el Estado.
Entre los artistas contratados para amenizar las fiestas de 2020 figuraron Fernando Villalona, Mirian Cruz, Sergio Vargas, Techy Fatule, Mozar La Para, La Materialista, Johnny Ventura (fenecido), Fefita La Grande, Belkis Concepción, Héctor Acosta, Ramón Orlando Valoy y Silvio Mora, entre otros.
Incumplimientos en normas de control interno
La entidad auditora detectó inobservancias a las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la contabilidad gubernamental y las normas de control interno, las cuales constituyen las herramientas para garantizar el manejo adecuado y correcto de los recursos que se asignan a las entidades públicas y se traducen en la sujeción a los principios de transparencia, eficacia, integridad, participación, mejora continua y rendición de cuentas.
De manera precisa, el estudio revela que los contratos realizados por el Gabinete de Política Social fueron registrados en la Contraloría con errores en números de cédulas de identidad.
Responsabilidades
En las conclusiones de esta auditoría, la directora jurídica de la Cámara de Cuentas, Yudelka Polanco, sostuvo que todas las irregularidades evidenciadas en la contratación de artistas “configuran hechos lesivo del interés legítimamente protegido por las normativas que rigen el sistema de compras y contrataciones públicas y el patrimonio del Estado, se evidencia así que los funcionarios que han actuado de la manera previamente indicada comprometen su responsabilidad civil, administrativa y penal establecidas en los artículos 47, 48, 49 y 54 de la ley 10-04”.
La abogada indicó que, a raíz de estos incumplimientos, es imperativo identificar a todos aquellos funcionarios y servidores públicos cuya actuación u omisión en el desempeño de sus funciones dieron lugar a las conductas lesivas citadas y detalladas precedentemente.
El organismo auditor indicó que ante las irregularidades señalas, al coordinador del Gabinete de Política Social, le correspondía
Asegurar que el Comité de Compras y Contrataciones de la institución, realizar la publicación de convocatoria en el portal del órgano rector y de la entidad, a los fines de que todos puedan participar en igualdad de condiciones.
Garantizar a través del Comité de Compras y Contrataciones del GCPS, para que los peritos designados en cada proceso firmen el informe correspondiente a las especificaciones técnicas de conformidad a lo establecido el decreto No. 543-12, del Reglamento de aplicación, de la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios, Obras y Concesiones.
Asegurar, a través de sus funcionarios competentes, que se observen las disposiciones legales al momento de contratar con personas que están dentro de las prohibiciones con el Estado, tal como lo indica el artículo 14, de la Ley No. 340-06.
Garantizar a través de la Consultoría Jurídica del Gabinete, que las contrataciones se realicen con personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Gestionar a través del área correspondiente el registro de todos los contratos suscritos por la entidad, a la Contraloría General de la República.
Instruir a la Dirección Financiera y a la Consultoría Jurídica, a que sea considerado los porcentajes de avances a los contratistas conforme a lo establecido en el decreto 543-12, sobre el reglamento de aplicación de la Ley 340-06.
Instruir a la Dirección Financiera asegurar que los expedientes de pagos contengan las documentaciones que evidencien la prestación de servicios y facturas, a los fines de cumplir con los controles internos establecidos.
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