Instituto Duartiano rechaza críticas de la ONU a la política migratoria del país

El Instituto Duartiano rechazó este miércoles las críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la política migratoria del país respecto a las deportaciones de migrantes haitianas embarazadas.

Dijo que las objeciones, canalizadas a través de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), están "respaldadas por entidades oficiales y organizaciones civiles haitianas".

En un comunicado, la entidad consideró que se trata de "otro capítulo de la campaña de descrédito contra la República Dominicana", a pesar de ser el país que ha prestado la mayor colaboración y asistencia a Haití, "llegando a comprometer de manera considerable su presupuesto general y su territorio".

“Nadie ha hecho más por Haití como la República Dominicana y, no obstante, no cesa la aviesa campaña emprendida por la ONU, bajo el estímulo de organismos oficiales y ONG de la vecina nación, los cuales apelan a la falacia para dañarnos”, señaló el Instituto Duartiano. 

Indicó que a las embarazadas y otros pacientes haitianos que están de manera irregular en el país, se les brindan las atenciones médicas correspondientes y se les preservan sus derechos fundamentales.

“La ONU, independientemente de su desatinado pedimento, carece de calidad moral para exigir a la República Dominicana, toda vez que no ha asumido su responsabilidad ante la grave crisis haitiana, pese a los reiterados reclamos que se le formulan ante secuestros, muertes, desapariciones, negación de derechos fundamentales a la población y la carencia de institucionalidad”, manifestó la entidad. 

RD ejerce su soberanía

El Instituto Duartiano dijo que al repatriar a su país a todo migrante indocumentado, el país ejerce su facultad soberana, conforme al artículo 3 de la Constitución.

Sostuvo que también cumple con las propia Carta de la ONU, la cual establece en su principio séptimo que “ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente Carta”.