Derechos Humanos se querellará por muertes de civiles en intercambio de disparos
Las muertes acumuladas a la fecha a manos de agentes del orden se equiparan a los del 2015
República Dominicana vuelve a aproximarse a los niveles de letalidad policial registrados en el 2015, cuando se contabilizaron 193 fallecidos. Según los datos históricos de homicidios vinculados este año a las fuerzas de seguridad, a la fecha se reportan 189.
Entre el 2011 y 2014, el país acumuló algunos de los periodos más críticos, con picos de 283 muertes en 2011 y 209 en 2014.
Aunque a partir de 2016 se produjo una reducción gradual, que llegó a su punto más bajo en 2021 con 77 fallecidos, el repunte posterior llevó a 139 muertes en 2022, 178 en 2023 y 227 en 2024. De ahí que las 189 muertes de 2025 equivalen a un descenso.
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD Manuel María Mercedes Medina, calificó como “lamentable y preocupante” el balance de los fallecidos.
Señaló que los reportes de su organización apuntan a unos 190 casos, donde, tras investigaciones exhaustivas, se determinó que entre el 65 % y el 70 % de los decesos corresponden a ejecuciones extrajudiciales comprobadas.
Ante este panorama, anunció que, para enero de 2026, la Comisión se constituirá como actor civil y se querellará ante la justicia con una selección de expedientes de los decesos en los que demostrará que hubo negligencia policial.
Además, solicitarán una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el objetivo de frenar lo que considera una violación sistemática del derecho a la vida.
Sin régimen
Mercedes Medina cuestionó con dureza los resultados de la reforma policial, y consideró que las inversiones y los esfuerzos anunciados no se han traducido en una reducción efectiva, sino en un retroceso y ausencia de un régimen de consecuencias para los agentes, donde reina una “cultura de muerte”.
Según la CNDH-RD, los casos permanecen bajo indagatorias internas que rara vez concluyen en sanciones, lo que convierte a la institución en “juez y parte” y deja a las familias de las víctimas sin respuestas claras sobre el avance o el cierre de los procesos.
Proceso gradual
Mientras los Derechos Humanos señala un estancamiento, el Comisionado para la Reforma Policial, Luis García, argumentó que los cambios son graduales y estructurales.
Al ser abordado sobre las cifras oficiales de muertes en intervenciones policiales este año, el funcionario evitó emitir juicios de valor y expresó que el Ministerio de Interior y Policía es quien aborda estos datos.
“No me corresponde a mí hacer esas conjeturas”, dijo.
Respecto a incidentes específicos como el ocurrido recientemente en el sector de Villa Consuelo, donde el uso de fuerza letal provocó la muerte de un joven y reavivó las dudas sobre si, como se anunció, los agentes utilizan herramientas no letales, como las pistolas eléctricas Taser, García dijo que estos dispositivos solo están disponibles en las demarcaciones donde se ejecuta el plan piloto como la Zona Colonial, Naco y Los Mina.
Cada vez que la Policía Nacional reporta la muerte de un ciudadano en un supuesto “intercambio de disparos”, surgen dudas sobre qué ocurre después y si las investigaciones avanzan. Aunque la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece que estos hechos deben ser notificados de inmediato al Ministerio Público para su investigación penal, en la práctica el proceso suele ser cuestionado. Diversas denuncias señalan que los casos solo avanzan bajo presión mediática y que no existen estadísticas claras sobre cuántos terminan en sanciones o condenas, como ocurrió con los 227 casos registrados en 2024.
