Denuncian aguas residuales acumuladas y muerte de ganado en “Mi Vivienda” de Santiago Rodríguez

Lo que inició como una denuncia por aguas residuales acumuladas en el proyecto habitacional del gobierno “Mi Vivienda”, en la provincia Santiago Rodríguez, ha escalado a señalamientos más graves que involucran compromisos oficiales incumplidos y presuntos daños a una propiedad privada.

El residencial, inaugurado en marzo de 2022 por el presidente Luis Abinader, enfrenta —según residentes— un colapso en su sistema cloacal que mantiene aguas negras a cielo abierto, generando mal olor, proliferación de mosquitos y temor a enfermedades.

Promesas incumplidas

Comunitarios aseguran que el viceministro Henry García se comprometió públicamente, en medios nacionales, a resolver el problema hace más de cinco meses. Sin embargo, afirman que la solución definitiva nunca llegó.

Según denunciaron, la medida aplicada habría consistido en bombear las aguas residuales fuera del complejo habitacional hacia la finca del señor Román Espinal.

Alegan daños a ganado

De acuerdo con las versiones ofrecidas por residentes, esta acción habría provocado enfermedades en el ganado del productor agrícola y la muerte de varias reses, lo que agrava aún más el conflicto.

“Eso no fue una solución, fue trasladar el problema a otro lugar”, expresó uno de los denunciantes, quien calificó la situación como irresponsable y peligrosa.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre una investigación en torno a los presuntos daños a la propiedad privada ni sobre compensaciones.

Mientras tanto, en el residencial “Mi Vivienda” las aguas residuales continúan visibles en áreas comunes, incluyendo la cancha de baloncesto y espacios frecuentados por niños.

Los residentes advierten que la acumulación de aguas negras podría convertirse en un foco de contaminación mayor si no se interviene de manera estructural y definitiva.

“Nos prometieron dignidad. Hoy vivimos entre aguas negras”, lamentó una residente.

La comunidad exige una respuesta inmediata de las autoridades competentes para evitar que la crisis sanitaria y ambiental siga afectando tanto a las familias del proyecto como a terceros.