Ni son ni están: el limbo jurídico y social de decenas de familias en Santiago Oeste

En su artículo 3, la Convención Americana sobre Derechos Humanos expresa que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, asumido como ente social, que disfrute, por justicia, en plena libertad, de su condición de ciudadano.

Lo antes expuesto, acaba en los linderos del canal de riego Ulises Francisco Espaillat, en el barrio La Emboscada del distrito municipal Santiago Oeste, en Santiago, donde en menos de una cuadra, unas cinco familias no poseen documentos de identidad, cédula o acta de nacimiento, en un problema generacional que arrastra a familias completas.

Elba Angelina Sosa, de 46 años de edad, tiene 6 hijos, tres de ellos de 28, 19 y 11 años, sin ningún tipo de documentación. Sus hijas de 28 y 19 tienen cada una tienen tres hijos, que no han sido declarados. Se trata de la tercera generación que cae en un limbo jurídico en que parecen estar, porque no existen socialmente.

Aunque ahora Sosa cuenta con documentos, alega que el proceso para declarar a sus hijas, que ya son madres, le cuesta una inversión económica con la que no cuenta, pese a que todos los procesos de la Junta Central Electoral (JCE) son gratuitos para la expedición de un primer documento.

El hijo de 11 años de la mujer está en segundo grado de la primaria en una escuela local, y dice que ya fue advertida de que debe depositar su acta de nacimiento, o si no, se lo expulsarán. El padre, indica, murió y residía en Puerto Plata. Asegura que la abuela paterna del menor, se ha negado a colaborar para poder declarar al estudiante.

Elba no explica cómo logró dotar de actas de nacimiento a sus otras hijas de 30 (la que tuvo a sus 16 años), 27 y 20 años de edad, quienes ya le dieron nietos que también pudieron declarar.

“Eso fue parece como que declararon a otra gente y le llevaron ese papelito a ellos (sus padres) para que crean que fue uno que me declararon”, explica la muchacha, que alcanzó a estudiar hasta el sexto curso de la primaria.

Ganarse la vida en estas condiciones resulta cuesta arriba para ella, sostiene, porque con el esposo en una cama y ella sin registro que ampare la expedición de una cédula, se pierde hasta de las oportunidades que llegan a la puerta de su casa.

Hace poco tiempo, se instaló una banca de lotería muy próxima a su residencia y le ofrecieron empleo, pero luego se lo negaron porque no tiene su cédula de identidad.

“Y me quedaba bien porque me quedaba cerca de la casa, entonces no, pero por causa de la cédula no pude hacer nada. Yo quisiera conseguir mi cédula para yo poder conseguir un trabajo bueno y poder criar a mis hijos bien”, dijo, cabizbaja la madre, mientras expresa que para vivir “yo, na, yo siempre paro aquí en la casa ahí, la familia mía me ayuda y así, si yo consigo cualquier cosita por ahí, que le pueda ayudar a cualquier persona y me paga algo, lo hago”, para mantener a sus hijos y esposo.

El padre de sus hijos va a cumplir 32 años de edad; a sus 30 años fue que obtuvo su primer documento, pero meses después, unos delincuentes lo dejaron postrado en cama.

La muchacha dijo que su padre murió hace 14 años, pero tiene el acta de defunción con lo que cree pueden iniciar su proceso. Mientras conversa con el equipo de Diario Libre, confiesa que carece de la información necesaria para iniciar su caso en la JCE. Aunque lo comenzará, dice, teme tener que asumir un gasto económico con el que no cuenta, porque “lo poco que consigo es para mantenerlos a ellos y todo es dinero”, indica.

Ahora que iniciará un nuevo año escolar, quiere inscribir a sus hijos, para que no pasen lo mismo que ella. ‘’Yo quisiera que ellos estudiaran y llegaran a un curso que pudieran ser profesionales.’’

El caso de Reina

Una hermana mayor de Yaquelin, de 40 años de edad, es Reina Margarita Pérez, quien obtuvo su primer documento de identidad y electoral a los 25, pero le fue suspendido por falsedad de datos.

Reina tiene cuatro hijos, la mayor de 22 años es una joven especial; la de 19, no estudió por falta de su acta de nacimiento y tiene 6 meses de gestación. En tres meses, su nieto nacerá y heredará el problema que arrastran desde sus antepasados.

“Y la hija mía me presiona porque ella quiere sus papeles para poder declarar su hijo cuando nazca”, indica.

Los hijos menores de Reina tienen 11 y 10 años. Al eliminarse su documento por falsedad de datos, también las actas de sus hijos quedaron invalidadas, lo que les ha dejado otra vez sin declaración y, por consecuencia, no estudian.

En el proceso que inició tiempo después de quedar sin cédula, dijo que en la Junta le orientaron para que se declarara de nuevo, sin embargo, se negó a hacerlo porque tendría que declarar, otra vez, a sus hijos y extender el tiempo y gasto económico, recursos que no tiene.

Yaquelin y Reina tienen otros dos hermanos: Víctor Manuel y Juan Evangelista Pérez, en las mismas condiciones.

Víctor Manuel, se apellida Nicasio, tiene siete hijos de los cuales tres, de 12, 10 y 2 años y medio, no tienen registro de nacimiento, pues la madre, Clarissa Toribio, de 26 años de edad, no tiene acta ni cédula. Tampoco sus hermanos.

La madre de Toribio, a quien dice pronto le entregarán su cédula, no tenía documentos.

Juan Evangelista tiene un hijo de 4 años que tampoco está declarado.

Reina Margarita reconoce que, por falta de conocimiento, muchos de sus parientes no han hecho el esfuerzo necesario para poder inscribirse en el registro civil, por lo que clama a las autoridades ayudarlos en ello.

A orillas del canal de riego conviven estas familias, haciendo uso de sus aguas para el aseo personal y limpieza. Los servicios básicos se procuran en la informalidad y el empleo es un lujo.

Se trata de una muestra de una situación que pudiera estar afectando a más de 100,000 familias en todo el país, confirmó una fuente.

El programa se inició con familias que residen en áreas marginadas como los barrios Santa Lucía (La Mosca) y La Piña, ubicadas en los linderos del vertedero Rafey, en donde aproximadamente el 30 por ciento de moradores carecía, para entonces, de documentos personales.

Sin embargo, el proyecto no envolvió toda la población “inexistente, jurídicamente”.