Ordenan apertura juicio litis familias Santiago

SANTIAGO.

El juez presidente del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de aquí, Sergio Furcal, ordenó apertura de juicio de fondo a una litis de las familias Batlle-Bermúdez, por presunta falsificación de documentos para perjudicar a una parte interesada en la reconocida firma licorera centenaria J. Armando Bermúdez y Compañía por Acciones CxA.

La decisión del juez se produjo tras varias horas de debates, en las que los abogados de la parte demandada pretendían un aplazamiento del mismo.

No obstante, el juez Furcal rechazó todos los argumentos presentados por los juristas en cuestión, encabezados por Francisco Durán González.

Los demandados son Carlos Alberto Bermúdez Pippa (Carlucho) y Manuel José Cabral Tavárez, mientras que los demandantes son los hermanos Edmundo Batlle Bermúdez y Abelardo Batlle Bermúdez.

De acuerdo a la demanda, éstos acusan a Carlucho Bermúdez y a Manuel José Cabral, de haber falsificado documentos para arrebatarles el 24.23 por ciento de las acciones de la empresa licorera, que además tiene inversiones en otras áreas del mundo empresarial dominicano, e incluso en medios de comunicación electrónicos.

El juez ordenó apertura de juicio para el 23 de los corrientes en esta ciudad. El Tribunal Colegiado llegó a advertir a los abogados de los imputados sobre las consecuencias de la deslealtad procesal cuando éstos se estaban excediendo en su afán de incidentar el proceso. El caso lleva 18 años ventilándose en los tribunales locales.

Antecedentes

Este juicio se celebra en base a la sentencia número 0508/2009 CPP de la Corte de Apelación de Santiago, que decidió admitir la acusación y abrir una causa contra los indicados empresarios como cómplices de la falsedad del acto de alguacil número 181-1997 y como autores de uso de ese documento falso. Según la acusación, Carlucho Bermúdez y Manuel José Cabral procuraron que se produjera la alteración de un acto de alguacil mediante el cual se pretendía vender en pública subasta las acciones de la empresa J. Armando Bermúdez y Compañía CxA, que eran propiedad de la familia Batlle Bermúdez.

A decir de la acusación, el documento objeto de la falsedad era uno de los instrumentos utilizados en las operaciones encaminadas por esos empresarios para despojar “clandestinamente” a la familia Batlle Bermúdez del 24.23% de las acciones que poseían en la empresa y así tener el control accionario de la misma.