Personas con VIH tienen pocas garantías

Santo Domingo. Desde hace quince años República Dominicana cuenta con la Ley sobre SIDA, una legislación que como muchas otras es más real en el papel que en su acción efectiva. La mayoría de las casi 60 mil personas que viven con el VIH y SIDA, según las últimas estadísticas oficiales, lo comprueban día a día.

Marcos (nombre ficticio) trabajaba como vigilante en una discoteca ubicada en la zona turística de Bavaro, en Higüey. A principios de agosto fue sometido, junto a todos los empleados del lugar, a una serie de análisis médicos sin indicaciones. Varios días después fue despedido con la excusa de una reducción de personal. Nunca fue informado sobre el resultado de los exámenes clínicos. Ante las dudas se hizo varias pruebas, así se enteró que es VIH positivo.

Miriam Slujalkovsky, abogada coordinadora de la Unidad Técnico Laboral de Atención Integral (UTELAIN) -que funciona desde el 2007-, explica que aunque la ley 55-93 prohibe en su artículo 3 efectuar pruebas para el diagnostico de VIH como requisito para obtener un empleo o para permanecer empleado muchas empresas violan esta disposición.

Explica que amparados en la prerrogativa de poder realizar exámenes médicos a sus trabajadores, como el de la tuberculosis y hepatitis, la empresas contratan laboratorios donde incluyen la prueba de VIH sin hacerla constar o cambiándole el nombre por otro.

Es costumbre que los resultados de estos análisis no le sean remitidos a los empleados o futuros empleados y, según Slujalkovsky, no existe ningún mecanismo que obligue a las empresas a entregarlos.

"Como la ley lo prohibe se supone que no debe realizarse. En la práctica las empresas no lo notifican, siempre ponen un pero (...) lamentablemente no podemos hacer nada en esos casos porque no hay un contrato por el medio o un acuerdo verbal".

Pequeños avances

Aunque la violación a la ley de SIDA en materia laboral es lo "normal", la Consultoría Jurídica de COPRESIDA asegura que se han producido avances. Erika Suero, sub consultora jurídica, indica que existen programas de educación sobre el tema tanto para empleadores como a trabajadores.

Hasta el momento 46 empresas a nivel nacional han firmado acuerdos para la aplicación de políticas de no discriminación a las personas que viven con VIH y SIDA. Sostiene que muchos casos de discriminación laboral se dan por desconocimiento de los empleadores. Afirma que muchos se han acercado a buscar asesoría al respecto.

Suero señala la importancia de que los trabajadores tomen conciencia sobre la ley, ya que en muchos casos desconocen sus derechos o renuncian a ellos por el estigma social que implica ser VIH positivo.

Desde el inicio de sus funciones la UTELAIN, que trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Trabajo, ha gestionado la resolución de 10 de 11 casos relacionados con discriminación y estigma de personas que viven con VIH y SIDA. Un caso está en proceso judicial.

Suero indica que también se trabaja para que las personas que viven con VIH y SIDA asuman sus deberes, como informar a su pareja o parejas anteriores sobre su condición. Según el artículo 22 de la ley la persona VIH positiva no está obligada a informar de su condición a sus empleadores.

 Recursos insuficientes

A nivel nacional existen unas 60 unidades de atención integral para las personas que viven con VIH y SIDA. La infraestructura de estas unidades es facilitada por el gobierno, así como los médicos y sicólogos que trabajan en ellas. Sin embargo, los recursos para proveerlas de medicamentos (antirretrovirales y proteínas) son auspiciados por donaciones externas.

El Estado dominicano no asigna de manera directa fondos para esta problemática. La mayoría de los recursos provienen del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria. En mayo del 2004 fueron asignados al país US$147 millones. De estos han sido autorizados unos US$48 millones. Hasta el momento se han desembolsado US$38,565,420.

La abogada Erika Suero explica que estos fondos se entregan por períodos y niveles de ejecutorias, con auditorias trimestrales a los programas de VIH y SIDA que se desarrollan en el país. El convenio fue extendido hasta el 2011 y ahora, además de COPRESIDA, los recursos también serán administrados por el hospital dermatológico Dr. Dr. Humberto Bogaert Díaz.

Pero el alto costo de los tratamientos hace de estos recursos escasos, sumando el hecho de que los medicamentos para las personas que viven con VIH y SIDA no están incluidos en el sistema de Seguridad Social.

No obstante, Suero dice que una de las metas en reformar la ley es conseguir un mayor apoyo gubernamental.

Servicios deficientes

Ramón Acevedo, consultor del programa de supervisión y control social, expresa que otra dificultad es la negación de los servicios de salud a los VIH positivos. Asegura que existen médicos que se niegan a asistir a estos pacientes, muchas veces poniéndoles trabas injustificadas.

Afirma que muchos se convierten "en dioses malvados o jueces morales" como ha sucedido con mujeres VIH positivas que son esterilizadas sin su consentimiento.

Reforma a la ley

La reforma de la Ley de SIDA lleva cinco años en proceso. La abogada Erika Suero sostiene que en ese tiempo se han logrado una concertación entre todas las instituciones implicadas en el tema del VIH y Sida, pues existe la necesidad de reformular esta legislación para adecuarla a la situación actual. Desde hace varios meses el borrador de esa posible reforma esta en manos de la Secretaría de Salud.