Piden rescindir contrato de concesión del puerto de Arroyo Barril

SANTO DOMINGO.El diputado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Miguel Ángel Jazmín de la Cruz, sometió un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados, en el que pide la autorización del presidente Danilo Medina para que la Autoridad Portuario Dominicana (Apordom) rescinda el contrato de concesión del puerto Duarte de Arroyo Barril, en Samaná.

Dicho contrato lo firmó el Estado dominicano en 2011 con la empresa Valley Forge Corporation, a la que se le arrendó el puerto por 30 años para la realización de un proyecto turístico, con una inversión inicial del US$10 millones, que luego, mediante adenda en el 2008, subió a US$100 millones.

En su propuesta, el diputado plantea que la empresa no ha cumplido con las obras que debía realizar a pesar de los plazos que Apordom le ha otorgado para ello. “La empresa Valley Forge Corporation, con la falta de ejecución de las clausulas contenidas en el contrato, específicamente en su artículo 5to, donde se refiere a las obligaciones de la operadora, ha ocasionado daños irreparables al Estado dominicano, ya que, hasta la fecha, no han materializado las obras pautadas en el referido contrato”, indica el diputado por Samaná en las consideraciones que motivan su iniciativa.

Según el acuerdo, Valley Forge debía reconstruir y ampliar un espigón existente al momento de la firma, construir una terminal de pasajeros, oficinas, un segundo muelle adicional y acondicionar toda el área.

El legislador alega que en los archivos de la Dirección de Ingeniería de Apordom no se verifica la existencia de ningún documento que avale la ejecución de las obras pautadas. El puerto de Arroyo Barril lo cedió la gestión de Hipólito Mejía en el 2001, por un monto de US$10 millones, pero en el 2008, mediante poder especial del entonces presidente Leonel Fernández, la Autoridad Portuaria le hizo una adenda que subió el monto de la inversión a US$100 millones.

En ese entonces, la firma del contrato fue cuestionado debido a que se hizo sin licitar y sin que tuviera la aprobación del Congreso Nacional.