Danilo y PLD dicen apresamientos son un “acto típico de cobardía”
Domínguez Brito afirma detenidos no fueron citados previamente para presentar sus evidencias
El expresidente Danilo Medina y el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) defendieron su pasada gestión de gobierno, luego de que este domingo fueran apresados 10 exfuncionarios, incluidos dos hermanos del exmandatario.
Medina expresó su “profunda indignación”, por la forma atropellante y abusiva en que, dice, fueron sometidos los detenidos, incluidos sus dos hermanos, lo que calificó como un acto típico de cobardes.
“Creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva y eso es típico de cobardes”, exclamó el expresidente en medio de aplausos de compañeros del Comité Político.
Medina manifestó que no se opone a la investigación y castigo de cualquier denuncia o acto ilícito, pero que en el caso de sus hermanos tiene la convicción de su inocencia y el tiempo se encargaría de evidenciarlo.
“Se ha tratado de vender la imagen de que alrededor de la familia Medina Sánchez se ha congregado una especie de mafia que haciendo uso de privilegios por el hecho de yo ser el presidente de la República, ha acumulado fortuna y nada más falso que eso, todo el que me conoce sabe que ejercimos el poder con entrega y sacrificio, y lo hicimos con transparencia”, aseveró.
Planteó que cuando llegó al Gobierno le tocó sortear las obras de las escuelas a construir en el país, a un monto por más de RD$93,000 millones, las que se asignaron sin privilegios. Igual situación, refirió, se produjo con la construcción y licitaciones de los hospitales edificados en su gestión. El exmandatario afirmó que desarrolló un ejercicio transparente; “porque este fue un gobierno honesto”.
Instó al Gobierno a realizar las investigaciones que desee y si aparecen ilícitos proceder, pero que no trate de generalizar.
Mientras, Francisco Domínguez Brito, hablando en nombre del Comité Político del PLD, demandó de las autoridades judiciales que en este caso se cumpla con el principio de legalidad, el debido proceso de ley y con el nivel de independencia e imparcialidad que exigen la Constitución y las leyes.
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