Finjus: “Paralizar la docencia genera intranquilidad e inestabilidad”

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió que la paralización de la docencia convocada para el próximo viernes 13 de diciembre por parte de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), vulnera “irrazonablemente” el derecho a la educación establecido en la Constitución y provoca un clima de inestabilidad e inseguridad jurídica que no es favorable para la institucionalidad democrática del país.

“Este llamado a paralización de docencia genera una suerte de intranquilidad en todos los sectores de la sociedad pues alude a la interrupción del calendario escolar, precisamente habiendo tenido el país los resultados en la prueba PISA 2018, recientemente revelados, donde se presenta un declive en la educación dominicana, resultaría inconsecuente que además sean paralizadas las labores de docencia por intereses particulares que se encuentran inmersos en el sector que convoca a paralizar la docencia, afectando el esquema de nuestro sistema educativo”, indicó Finjus en comunicación firmada por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños.

Castaños consideró que huelga decir que esta ha sido una práctica históricamente repetida por la ADP, la cual ha sido posible por el modelo político que se ha instalado en el país en las últimas décadas y que forma parte de las distorsiones de este sector.

Sostuvo que los vicios del sistema político reproducidos en la ADP afectan a la ciudadanía, afectan negativamente las conquistas sociales y obstaculizan los avances institucionales, así como aquellos en materia de derechos fundamentales.

“Tal como hemos mencionado con anterioridad, se trata de lacerar un derecho fundamental consignado en el artículo 63 de nuestra Constitución, por tanto los intereses nacionales deben prevalecer frente a los de determinados sectores. Es necesario que diferentes organizaciones públicas y privadas puedan abocarse a repensar a profundidad los parámetros educativos sustanciales y el currículo existente, a los fines de mejorar y evitar recurrir a mecanismos como éste que finalmente empeoran al propio sistema”, argumentó.

Para Castaños, queda claro que, a fin de cuentas, el mayor perjuicio lo estarían soportando los estudiantes quienes se ven envueltos de manera indirecta en calidad de recurso o medio para resolver conflictos en beneficio de otros.

Dijo que esto, además de contrario al contenido de dignidad humana consagrado constitucionalmente, va en detrimento del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de recibir una educación de calidad que requiere del cumplimiento cabal de las horas previstas y, consecuentemente, del diseño curricular establecido.

Enfatizó en que la consolidación del Estado social y democrático de derecho requiere de priorizar las herramientas de diálogo y consenso antes que cualquier acción que vaya en detrimento de la eficacia y garantía de los derechos, más aún tratándose del derecho a la educación que se orienta a la población de niños, niñas y adolescentes, interactuando también el Principio de Interés Superior del Niño.

“Desde FINJUS resaltamos que la educación, en especial la pública, es un servicio esencial indispensable en sociedades democráticas como la nuestra pues constituye una base idónea para la concreción de la igualdad de oportunidades, favoreciendo la cohesión social y con ello el progreso económico”, expuso.