Gobierno denuncia plan y el empresariado rechaza los llamados “alarmistas”

La Marcha Verde sigue realizando actividades. (Archivo)

SANTO DOMINGO. Sectores empresariales consideraron preocupantes e irresponsables las advertencias realizadas por dirigentes de la Marcha Verde, de que las movilizaciones podrían convertirse en “rebeldía y dirigir hacia los corruptos y sus aliados la peor catástrofe jamás pensada”.

Entretanto, el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, reveló que sectores que usan como pretexto la lucha contra la corrupción y la impunidad, iniciaron un plan para desestabilizar al gobierno.

“Estamos al tanto de sus movimientos desestabilizadores que, en ejercicio de loca aventura colectiva, han previsto llegar hasta a abortar el proceso democrático”, expresó.

El vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rafael Paz, consideró que es una posición preocupante que no se corresponde con las aspiraciones del pueblo dominicano, que a su entender son las que han llevado a muchos ciudadanos a expresar su deseo de mayor transparencia e institucionalidad en el país.

“Debemos tener cuidado de sembrar divisiones o de hacer llamados alarmistas. Debemos cuidar esté sano proceso que vive el país y evitar que personas y grupos con agendas extremas busquen capitalizarlos con fines eminentemente políticos”, indicó.

Paz manifestó que todos los sectores de la sociedad deben hacer un compromiso colectivo por mejorar y por asumir posiciones que fomenten la paz social y la estabilidad.

Responsabilidad

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH), Antonio Taveras, sostuvo que los derechos ciudadanos hay que ejercerlos con responsabilidad.

Opinó que el Movimiento Verde es un ejercicio ciudadano que promueve y procura la transparencia, la lucha anticorrupción y el cese de la impunidad en el país para que la sociedad pueda ser regida por un Estado de Derecho que pueda hacer más viable la convivencia social en plena democracia.

“Es irresponsable llamar a la violencia. Los ciudadanos deben ejercer sus derechos vía los canales institucionales , demandar que la institucionalidad funcione y sea fortalecida. Actuar con mesura, madurez y responsabilidad”, dijo.