Los partidos han judicializado sus procesos ante la falta de arbitraje

SANTO DOMINGO. La falta de arbitraje, confianza en las autoridades y en las cúpulas de los partidos han judicializado en los últimos años el sistema político, cuyos procesos para elegir a la dirección o candidatos, se han tenido que decidir en gran parte en el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Las demandas han estado a la orden del día en los partidos grandes y pequeños, pero los más afectados han sido el Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Moderno (PRM).

La Junta Central Electoral, órgano regulador, tampoco ha escapado a la judicialización de la política, pues ayer fue reenviada para este viernes a las 10:00 am, la audiencia para conocer un recurso de amparo contra la resolución que tomó el pasado 20 de junio, en la que se prohíben todas las actividades proselitistas que incluyan movilización de personas en la vía pública, ya sea mediante caminatas o marchas y caravanas en vehículos de motor, despliegue de propaganda en los medios de comunicación, y utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en calles, carreteras y espacios públicos.

También el uso de altoparlantes para emitir consignas alusivas a las aspiraciones personales.

El TSE ordenó una comunicación recíproca de documentos.

El el 22 de marzo pasado, el Tribunal Superior Electoral también declaró nulas las modificaciones estatutarias realizadas por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) el 3 de diciembre de 2017. La alta corte, a través de la sentencia TSE 002-2018, también anuló la Convención Extraordinaria “Pedro Franco Badía” celebrada en esa fecha y todas las acciones, resoluciones, decisiones y actos realizados por la Comisión Política y el Comité Ejecutivo Nacional en sus reuniones de fechas 7 y 19 de noviembre de 2017.

El PRSC sigue dando tumbos para definir su dirección, pues el pasado viernes 6 de julio, el TSE dio luz verde a la asamblea que el domingo 8 del mismo mes eligió a José Hazim Frappier como presidente de ese partido, por lo que resta definir judicialmente si ocupará o no el cargo de Federico Antún Batlle.

El PRM es el partido que menos ha sufrido embates en el TSE, pero el pasado 26 de junio ese tribunal ordenó a la comisión organizadora de la pasada convención entregar todas las actas al dirigente Elmy Piña.

Lo bueno del proceso judicial

Para el jurista Eduardo Jorge Prats, uno de los que más ha subido a estrado en procesos de conflictos en el PRD, la judicialización de la política es sana en la medida en que significa la “juridificación de la política”, es decir, el sometimiento a derecho del Estado y los partidos. Opinó que si se compara con la política de la violencia y la persecución política, propia de la era de los presos políticos, torturados, muertos, desaparecidos y exiliados de la dictadura de Trujillo y de la “dictablanda” de Balaguer, no hay dudas que la judicialización de la política, en cuanto significa control jurisdiccional de las acciones estatales y políticas, es un paso de avance que evidencia el grado de desarrollo de una sociedad.

“Como hoy las decisiones estatales no son políticamente puras, es decir, como todo acto estatal, aun discrecional, debe estar fundado en derecho o, por lo menos, previa y legalmente habilitado, todo acto –u omisión- del Estado es eventualmente impugnable ante la jurisdicción de los tribunales. De ahí que nada estatal le sea ajeno al poder jurisdiccional. Por eso, la teoría de los actos de gobierno, de los actos políticos, de las cuestiones políticas que no serían justiciables, es constitucionalmente inadmisible en nuestro ordenamiento”, expresó.

Sostuvo que de ahí también la preeminencia que adquieren los tribunales como hacedores de las políticas públicas, para la protección de los derechos individuales, sociales y colectivos. Y añadió que por eso, ha sido positiva la creación de dos nuevas altas cortes como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, con la posibilidad de controlar la constitucionalidad y la legalidad de los actos políticos y electorales y “domesticar esos nuevos leviatanes, esos nuevos ogros filantrópicos, que son los partidos políticos, que hoy no pueden ser concebidos al margen de la misión constitucional que desempeñan en la articulación concreta de la voluntad popular”.

Jorge Prats manifestó que nada político, por tanto, le es ajeno al poder jurisdiccional del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral.

Enfatizó en que la alta litigiosidad de los asuntos político-electorales es signo de salud del cuerpo político y no de una enfermedad, ya que esto, sin perjuicio de que todos los tribunales, en mayor o menor grado, atendiendo a una política de autor restricción o deferencia judicial, reconocen mayores o niveles de discrecionalidad política -que no arbitrariedad- a los órganos constitucionales y a las administraciones públicas.

La politización de la justicia

“Ahora bien, una cosa es la judicialización de la política y otra la politización de la justicia”, dijo Jorge Prats. Señaló que esta politización se produce cuando se nombran los cargos en las altas cortes atendiendo más que a su preparación, solvencia moral e ideología jurídica y jurisdiccional del juez (interpretación literal o extensiva de los textos, qué piensa del aborto, de la inmigración ilegal, de los partidos, de la castración química de los agresores sexuales, de la pena de muerte, etc.) a su adscripción a un partido o a una facción partidaria (lo que no significa que un buen jurista, militante o dirigente de un partido no pueda ser juez de una Alta Corte); cuando las decisiones no están fundadas en (buen o mal) derecho sino en la simple voluntad medalaganaria del arbitrio político”, consideró.

También cuando a su juicio se usan los tribunales como mecanismos de persecución política disfrazados de proceso judicial, lo que hoy se llama “lawfare” (guerra jurídica) y cuando el populismo penal permea la justicia en la creación de un derecho penal simbólico en la guerra contra la delincuencia, un neopunitivismo que deroga las garantías penales sustantivas y procesales contra personas vistas como enemigos mas que como ciudadanos o humanos con derechos, que son condenadas previamente por juicios paralelos llevados ante el cuarto poder del Estado, que es la prensa.

Jorge Prats enfatizó que la selección de las altas cortes es, debe ser y no puede dejar de ser política, a pesar de los que pretenden una total e imposible neutralización de los poderes políticos, en la medida en que estos poderes políticos tienen el derecho de llenar los altos cargos jurisdiccionales por profesionales solventes moral y profesionalmente, pero que respondan a una ideología jurídica y jurisdiccional que debe ser explicada en las vistas públicas ante el Consejo Nacional de la Magistratura.

Opinó que esta de forma, estos cargos no son llenados con jueces supuestamente insípidos, inodoros e incoloros desde la perspectiva política, pero que en realidad esconden su agenda o ideología político-partidaria, “la cual luego meten de contrabando en la motivación de sus sentencias bajo la mampara de una malentendida ponderación judicial que, trasmutando las precompresiones jurídicas en prejuicios puros y duros, se vuelve en un verdadero bamboleo interpretativo conducente directamente a la alquimia interpretativa y al maltrato constitucional”.