Los senadores que tienen asignadas las mayores partidas del “barrilito”
Los senadores que mayores partidas asignadas tienen de los fondos de gestión provincial, conocido como “barrilito”, son Faride Raful, del Distrito Nacional, y Franklin Rodríguez, de San Cristóbal, con 1,059,000.00 pesos.
Según consta en la relación de los montos erogados en septiembre para obras sociales, a esos legisladores les siguen Rogelio Genao, de La Vega, con RD$944,000.00; Ginnette Bournigal, de Puerto Plata, con RD$869,000.00, y Franklin Peña de San Pedro Macorís con RD$859,000.00.
Mientras que al senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, le fueron asignados RD$849,000.00; a Félix Bautista, de San Juan, RD$799,000.00; a José Rafael Vargas, de Espaillat, RD$784,000.00; a Iván Silva, de La Romana, RD$779,000.00; a Lía Díaz Santana, de Azua RD769,000.00; y para los senadores José Manuel del Castillo, Virgilio Cedano y Lenin Valdez, de Barahona, La Altagracia y Monte Plata, respectivamente, fueron erogados RD$739,000.00.
Conforme a la relación solicitada por Diario Libre al portal único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), los senadores de Monseñor Nouel y Peravia recibieron RD$729,000.00; Valverde RD$719,000.00; Sánchez Ramírez RD$709,000.00; María Trinidad Sánchez con RD$694,000.00; Montecristi RD$669,000.00; Hermanas Mirabal RD$654,000.00; Bahoruco, María Trinidad Sánchez y Samaná con RD$649,000.00.
Además, El Seibo y Pedernales recibieron RD$629,000.00; Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez y San José de Ocoa RD$619,000.00 e Independencia RD$609,000.00.
Solo los senadores Eduardo Estrella, presidente del Senado, y el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, figuran sin partidas de los fondos de gestión provincial senatorial.
Diversos sectores se han pronunciado en los últimos días en contra de los fondos de reciben los legisladores para ayudas sociales, debido a que dicho presupuesto es utilizado a discreción de los beneficiarios, sin que tengan que rendir cuentas.
El artículo 30 de la Constitución de la República “condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”.
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