Nuevo Gobierno con el reto de defender la carrera docente por encima de intereses políticos

En víspera de la llegada al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), se promueven a nivel nacional una serie de propuestas a posiciones en distintos estamentos del Estado, ignorando, muchas veces, las normas y marcos jurídicos que la rigen, como es el caso del Ministerio de Educación.

En distintas provincias del país, se promueve, desde “abajo hacia arriba”, a los sucesores de directores regionales y de distritos educativos, sin que el designado ministro de Educación, Roberto Fulcar haya hablado de tocar posiciones que fueron elegidas vía concurso, tras la demanda establecida por la ordenanza 24-2017 del Consejo Nacional de Educación, órgano rector del sistema educativo preuniversitario y en que está representada toda la sociedad, situación que podría causar confusión.

Uno de los compromisos de este “Pacto por una educación de calidad” es que todas las posiciones docentes y administrativas docentes sean llenadas a través de procesos competitivos o concursos y no por la voluntad política del dirigente de turno, como una manera de alcanzar la calidad.

En el estatuto docente se define cuáles son los puestos docentes y cuáles son los administrativos docentes. Se establecen las posiciones de director regional y de distrito como posiciones administrativas docentes y por tanto requieren de un concurso o proceso competitivo para su designación.

En marzo del 2017 fueron escogidos por primera vez desde la firma del pacto educativo, los 18 directores regionales y 122 directores de distrito a través de un proceso competitivo riguroso, que fue acompañado en el momento por organizaciones del peso de Educa, Inicia Educación, el Consejo Económico y Social y la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC).

Contó al momento, sin embargo, con el rechazo frontal de Eduardo Hidalgo y otros dirigentes magisteriales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en parte, según se atribuye, porque el nuevo proceso rompía con sus posibilidades de influencia en la selección. Mientras que contó con el apoyo de líderes de la entonces oposición al gobierno en el sector magisterial del nivel de María Teresa Cabrera y Xiomara Guante, hoy presidenta de la Asociación Dominicana Profesores (ADP).

Tanto Acción Empresarial por la Educación (Educa), Inicia Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Ministerio de Administración Pública y otras entidades estatales e instituciones de prestigio coinciden en que se deben respetar los procesos establecidos mediante la Ordenanza 24-2017.

Las voces que surgen a favor del respeto a la carrera docente explican que cualquier maestro que se esfuerce y demuestre capacidad puede ascender en el actual sistema, por encima de cualquier interés político.

Autoridades e instituciones coinciden

El próximo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, ha expresado que a los empleados públicos que son de carrera administrativa se les respetará sus derechos en el Gobierno que encabezará Luis Abinader a partir del 16 de agosto, al tiempo de reiterar que no habrá cancelaciones masivas de los demás integrantes del sector público.

“Los empleados que están adscritos a la carrera administrativa se les debe respetar sus derechos de permanecer es sus puestos de trabajo pese al cambio de gobierno. Y es necesario que sepan, y que quede claro, que solo los de menor rango pueden ser liquidados, según lo avala la Ley de Administración Pública”, sostuvo el jurista.

Esta posición coincide con la manifestada reiteradas veces por el presidente electo y su equipo, referente al tema del respeto a la institucionalidad y el apego a las normas, la ética y la transparencia por encima de los intereses individuales.

De su lado, el director ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, ha reiterado que la selección de los directores regionales y distritales fue hecha de una manera profesional y con apego en todos sus términos a lo que dice la Ley de Educación.

Destituir a un director regional o de distrito fuera del tiempo por el que fue designado a través de concurso, implica consecuencias legales que inician dirimiéndose desde el Ministerio de Administración Pública y continúan en Tribunal Superior Administrativo (TSA) y otras instancias.

El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Ramón Ventura Camejo, informó que de los 180 mil cargos que se estiman existen en el sector público de la República Dominicana con vocación para ingresar a la Carrera Administrativa, 94 mil han sido incorporados al sistema, cantidad que representa un 52%.

Precisó que para garantizar que los servidores públicos posean las competencias necesarias para ocupar un cargo de carrera y gocen de los derechos y beneficios del sistema, la Ley 41-08 de Función Pública, establece que a partir del año 2016 el ingreso a este régimen meritocrático debe darse a través de concursos públicos de oposición.

El designado ministro de Educación, Roberto Fulcar, tiene una visión muy democrática sobre el tema educativo, y asegura que educación de la nación que no puede ser ni la propiedad ni el capricho de un presidente, ni de un gobierno, ni de un partido y mucho de menos de un ministro, porque todos son pasajeros.

"Lo correcto es que si se harán cambios profundos se consulten a los sectores que están vinculados de manera directa e indirecta", expresó.

Será en dos años y medio cuando el sector educativo podrá entonces iniciar otro proceso competitivo, en el que los actuales funcionarios educativos tienen derecho a concursar una vez más y nunca más, según lo define la ordenanza.

Queda en manos del designado ministro de Educación, Roberto Fulcar, hacer valer la promesa de campaña y respetar la institucionalidad de un sistema vital para el desarrollo de toda la sociedad.