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PRD defiende legalidad de gestión MVM

Más temprano, Vargas rechazó las acusaciones sin entrar en detalles

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El PRD insiste en emplazar al mandatario.
Santo Domingo. El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) salió ayer en defensa de su candidato presidencial ante los cuestionamientos del partido oficialista a operaciones realizadas por éste al frente de Obras Públicas, los cuales calificó como intentos del presidente Leonel Fernández para distraer la atención y evadir su responsabilidad por el caso Sun Land, denunciado por los perredeístas.

Los principales directivos de la organización y de su Comando Nacional de Campaña efectuaron una rueda de prensa en la que defendieron la legalidad de las operaciones realizadas por Miguel Vargas con la empresa WTC, que aseguran fueron "totalmente diferentes" a las que realizó en el actual Gobierno la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado con la empresa The Sun Land Corporation.

Indica que el acuerdo con la WTC se enmarca dentro del programa de construcción, reconstrucción y pavimentación de calles, caminos y carreteras del país, especificado en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y que este "no implicó la emisión de pagarés, ni comprometió la credibilidad ni el crédito de la República", como según resalta, sucede en el caso denunciado por el PRD.

El documento leído por Ramón Alburquerque señala además que las cartas de crédito emitidas por el Banco de Reservas a favor de la WTC se pagaron con recursos establecidos en el Presupuesto y que todo se hizo cumpliendo las normas de la Contraloría.

Explica que la Tesorería pagaba directamente al Banco de Reservas con cargo a los recursos aprobados a Obras Públicas en el Presupuesto, y añade que "en todos los casos los pagos fueron hechos contra la presentación de cubicaciones pertinentes".

En el documento se asegura que en cambio, la operación con Sun Land y el Gobierno de Fernández, al involucrar la emisión de 19 pagarés que suman US$130 millones, viola "de manera descarada" varios artículos de la Constitución, el Código Penal, la Ley Orgánica del Presupuesto para el Sector Público y la Ley sobre Crédito Público.

El partido blanco emplazó nuevamente al presidente Fernández a que de las explicaciones de lugar sobre esas violaciones y sobre el destino dado a los US$130 millones.