Precios de transferencia en las operaciones efectuadas entre partes relacionadas o vinculadas
Desde el año 1992 nuestro Código Tributario consigna en su artículo 281 la legislación básica requerida a los fines de regular los precios utilizados en las transacciones entre entes vinculados o relacionados.
Cabe resaltar que estas modificaciones e implementaciones fueron hechas en base a las Directrices sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) persiguiendo así nuestra Administración Tributaria cumplir con dichas disposiciones por medio de la antes referida Norma General.
Si bien se trata de un tema novedoso para nuestro país, en países desarrollados se han aplicado desde hace alrededor de un siglo, regulaciones sobre precios de transferencia. A nivel internacional, la finalidad de estas disposiciones consiste en prevenir la evasión fiscal de los beneficios de las empresas vinculadas, de forma tal que se pueda evitar el traslado de beneficios de una jurisdicción fiscal a otra.
Las disposiciones de esta Norma General alcanzan cualquier operación o transacción que realicen empresas o sociedades locales de capital extranjero con: (i) sus partes relacionadas o vinculadas en el exterior; (ii) personas físicas, empresas o sociedades residentes o domiciliadas en jurisdicciones de menor imposición o en aquellas consideradas como paraísos fiscales; y, (iii) sus partes relacionadas o vinculadas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas.
En adición, sus disposiciones alcanzarán aquellos accionistas extranjeros no residentes en el país que sean propietarios, directa o indirectamente, de más del 50% del capital social de una sociedad o quienes no hayan probado satisfactoriamente el origen de los fondos como provenientes de rentas de fuente dominicana.
Los contribuyentes que realicen operaciones o transacciones entre partes relacionadas o vinculadas deberán preparar un análisis de comparabilidad, a fines de determinar el precio o monto que habrían acordado partes independientes en operaciones comparables, y en consecuencia, justificar el uso de un precio distinto al precio de mercado.
Continuará
Envíe sus preguntas a: l.feliz@phlaw.com, m.rodriguez@phlaw.com, i.andrickson@phlaw.com
Website: www.phlaw.com
Cabe resaltar que estas modificaciones e implementaciones fueron hechas en base a las Directrices sobre Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales y Administraciones Tributarias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) persiguiendo así nuestra Administración Tributaria cumplir con dichas disposiciones por medio de la antes referida Norma General.
Si bien se trata de un tema novedoso para nuestro país, en países desarrollados se han aplicado desde hace alrededor de un siglo, regulaciones sobre precios de transferencia. A nivel internacional, la finalidad de estas disposiciones consiste en prevenir la evasión fiscal de los beneficios de las empresas vinculadas, de forma tal que se pueda evitar el traslado de beneficios de una jurisdicción fiscal a otra.
Las disposiciones de esta Norma General alcanzan cualquier operación o transacción que realicen empresas o sociedades locales de capital extranjero con: (i) sus partes relacionadas o vinculadas en el exterior; (ii) personas físicas, empresas o sociedades residentes o domiciliadas en jurisdicciones de menor imposición o en aquellas consideradas como paraísos fiscales; y, (iii) sus partes relacionadas o vinculadas beneficiarias del Régimen de Zonas Francas.
En adición, sus disposiciones alcanzarán aquellos accionistas extranjeros no residentes en el país que sean propietarios, directa o indirectamente, de más del 50% del capital social de una sociedad o quienes no hayan probado satisfactoriamente el origen de los fondos como provenientes de rentas de fuente dominicana.
Los contribuyentes que realicen operaciones o transacciones entre partes relacionadas o vinculadas deberán preparar un análisis de comparabilidad, a fines de determinar el precio o monto que habrían acordado partes independientes en operaciones comparables, y en consecuencia, justificar el uso de un precio distinto al precio de mercado.
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