Menores sexualmente explotadas; por 1,000 pesos y vía catálogo

En ocho años, República Dominicana ha logrado bajar la incidencia de niñas, niños y adolescentes en explotación sexual y comercial, al pasar de un 10 % en 2014 a un 2.2 % en 2022. Sin embargo, la práctica sigue latente en diversos puntos del país donde se oferta a menores de edad hasta por 1,000 pesos y, en ocasiones, a través de catálogos.

Así quedó evidenciado en un estudio realizado por la Misión Internacional de Justicia, que realizó trabajo de campo encubierto en una muestra de 132 establecimientos y espacios públicos donde se vende sexo con regularidad.

El estudio, denominado “Explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescente en República Dominicana”, da seguimiento a otra investigación similar realizada en 2014 y que sirve de referente para el trabajo actual.

De los 132 establecimientos investigados, distribuidos en 20 ciudades, se contabilizó un total de 1,203 personas en comercio sexual, de las que 27 eran menores de edad de hasta 17 años. Ello equivale a que una de cada 45 personas involucradas en sexo comercial es una menor de edad siendo explotada sexualmente.

“En el transcurso de nueve años, la prevalencia de ESCNNA (explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes) es un 78.0 % menor a la encontrada en 2014. Para establecimientos formales, la prevalencia se redujo de un 5.8 % en 2014 a un 1.7 % en 2022 (una reducción relativa de un 70.6 %). En espacios públicos la prevalencia se redujo de un 23.9 % en 2014 a un 2.4 % en 2022 (una reducción relativa de un 85.8 %)”, resalta el estudio.

Los que sí ofrecen menores

El estudio de IJM establece que, de los 27 menores observados en explotación sexual comercial, solo en una se determinó que había un intermediario que se beneficiaba de dicha explotación. Esa falta de terceros involucrados sugiere cierta autonomía para trabajadores sexuales en el país, señala el documento.

En otras cinco de trabajadoras, que se trató de un grupo que se encontraba en un bar, la intermediaria era una trabajadora sexual que negoció por el grupo. El estudio incluye el testimonio del equipo investigador respecto a una experiencia en un establecimiento en la ciudad de Santiago.

“Es un local sin apariencia de que vendan sexo, pero al momento de ingresar se observa a las menores todas reunidas en una mesa. Al momento de invitarles a beber algo, ellas aceptan y hablan con uno. Al inicio no ofrecían más información, pero al sentir comodidad hablan sobre salir del lugar para irse con uno”.

Luego narran que las menores negociaron un cobro de entre 1,000 a 2,000 pesos. “Sin contar los RD$1,000 que deben pagar por salir antes de la hora de trabajo dentro del local. Una de las menores tiene una tablilla en la mano donde anota las salidas de cada menor que está en el lugar”.

Por  catálogo

El documento también refiere otro caso en el que un venezolano dueño de un establecimiento dijo al equipo investigador que “tenía unas mujeres de todo tipo de edad: extranjeras, venezolanas, dominicanas y (mostró un catálogo) en el celular de él (con) muchas mujeres. Al requerirle menores de edad manifestó que podría proveernos las que quisiéramos”.

Como parte de la metodología del estudio, se aclara que los equipos investigadores, compuestos por dominicanos y extranjeros, nunca llegaron a intimar con las personas observadas.

10 años de transformación

Para José Monteiro, director de IJM República Dominicana, los últimos diez años han sido de transformación en el abordaje conjunto que dan las autoridades dominicanas, la sociedad civil y el IJM a la protección de niños, niñas y adolescentes.

“Reconocemos en el Ministerio Público y La Policía Nacional, y otros socios del gobierno y sociedad civil, agentes de cambio empoderados que se han fortalecido durante los últimos años. Su acción en esta lucha ha sido clave para conseguir estos logros y estamos convencidos de que continuarán trabajando con inmenso compromiso y dedicación”, expresa.

Como puntos de esa transformación positiva que resalta en el sistema público de justicia, señala el hecho de que ya ese delito ha pasado de ser invisibilizado e impune, a ser perseguido.   Y eso se evidencia en una mayor productividad de las autoridades gubernamentales.

También hace énfasis en la calidad de las investigaciones policiales y acusaciones presentadas por fiscales, la que se ha mejorado desde 2014.  Pone de ejemplo el que, de 2010 a 2013 solo 14 % de las acusaciones presentadas por fiscales superaron una evaluación de calidad, mientras del 2018 a 2021, el 60 % de ellas superaron dicha evaluación.  También resalta que el trato sensible a las víctimas ha mejorado

No obstante, Monteiro que la trata de personas y la explotación sexual comercial siguen siendo una realidad en el país, por lo que se debe continuar trabajando para combatirlos “Hay necesidades clave que precisan ser atendidas en el corto y mediano plazo, por eso, nuestra invitación es a sostener los compromisos logrados y mantener los estándares alcanzados”.