Rock-ash: debate sobre toxicidad elude responsabilidades
El manejo de las cenizas violó las normas ambientales de Estados Unidos
Santo Domingo. La desviación del debate hacia la toxicidad de las cenizas de la termoeléctrica AES de Guyama, Puerto Rico, impidió que el rock-ash fuera removido de inmediato de los muelles de Samaná y Manzanillo donde se depositaron entre octubre y enero de 2004.
La EPA, que las excluyó en enero de 1980 de la lista de desechos peligrosos, y trece años después, de la de desechos peligrosos regulados, advierte sobre la contaminación ambiental que pueden originar si son mal manejadas.
La finura de sus partículas hace que puedan ser levantadas fácilmente y transportadas por el viento, pudiendo acarrear problemas respiratorios a las poblaciones cercanas. Su inadecuada disposición puede, además, contaminar las aguas superficiales y subterráneas.
[b]Fanatismo ambiental[/b]
El vertido de las cenizas en los muelles de Samaná y Manzanillo originó una inusual alarma social. Todos quisieron opinar.
El "fanatismo" ambiental terminó contaminando el debate. Pero todavía nadie explica por qué Medio Ambinete autorizó que el país fuera utilizado como vertedero de desechos extranjeros ni quienes y cómo se beneficiaron de la transacción.
Pese a las advertencias internacionales, se apostó por desviar la discusión hacia la toxicidad del material. El fallido "experimento" facilitó el camino a quienes desde un principio, pujaron por dejar el material en los lugares donde fue vertido.
El 22 de abril, el Procurador de Medio Ambiente, José Antonio Trinidad Sena, determinó que el material se quedaba en el país porque no era tóxico. Tenía en la mano los discrepantes análisis de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico que incluía exámenes químicos cuantitativos realizados por siete laboratorios de Puerto Rico, Estados Unidos, España y República Dominicana.
[b]Sin dolientes[/b]
La empresa Multigestiones Valenza, S.A explicó el 5 de abril que realizaría en el país una cuantiosa inversión para procesar el "agregado industrial" y distribuirlo a los países del área, pero hasta el momento nadie ha reclamado el controvertido material. Curiosamente, la empresa promotora del proyecto en el país, Trans-Dominicana de Desarrollo, S.A., concesionaria de ese puerto, había argumentado a Medio Ambiente que emplearía ese "agregado manufacturado" para reforzar el patio de carga de la terminal portuaria.
Los supuestas intereses de las industrias de cemento también fueron utilizados para desviar la atención.
Hace unos días, esas empresas solicitaron a la Cámara Minera y a Medio Ambiente aclarar la situación. "Si hubiesen estado interesadas en las cenizas habrían utilizado primero las que todavía hay disponibles en Nigua", argumenta el presidente de la Cámara Minera-Petrolera, R. Osiris de León.
[b]Cancelado "por hablar"[/b]
La Procuraduría General de Medio Ambiente y Recursos Naturales destituyó el viernes al Procurador Fiscal para la Defensa del Medio Ambiente en la Línea Noroeste. Ramón Aristides Madera Arias denunció hace unas semanas que estaba recibiendo fuertes presiones políticas por sus declaraciones sobre el rock-ash. En octubre de 2003, el funcionario impidió que la primera barcaza cargada con 8,000 toneladas de cenizas depositara la carga hasta que no obtuviera el permiso ambiental correspondiente. En abril, el funcionario emitió varios autos administrativos prohibiendo la movilización del material.
La EPA, que las excluyó en enero de 1980 de la lista de desechos peligrosos, y trece años después, de la de desechos peligrosos regulados, advierte sobre la contaminación ambiental que pueden originar si son mal manejadas.
La finura de sus partículas hace que puedan ser levantadas fácilmente y transportadas por el viento, pudiendo acarrear problemas respiratorios a las poblaciones cercanas. Su inadecuada disposición puede, además, contaminar las aguas superficiales y subterráneas.
[b]Fanatismo ambiental[/b]
El vertido de las cenizas en los muelles de Samaná y Manzanillo originó una inusual alarma social. Todos quisieron opinar.
El "fanatismo" ambiental terminó contaminando el debate. Pero todavía nadie explica por qué Medio Ambinete autorizó que el país fuera utilizado como vertedero de desechos extranjeros ni quienes y cómo se beneficiaron de la transacción.
Pese a las advertencias internacionales, se apostó por desviar la discusión hacia la toxicidad del material. El fallido "experimento" facilitó el camino a quienes desde un principio, pujaron por dejar el material en los lugares donde fue vertido.
El 22 de abril, el Procurador de Medio Ambiente, José Antonio Trinidad Sena, determinó que el material se quedaba en el país porque no era tóxico. Tenía en la mano los discrepantes análisis de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico que incluía exámenes químicos cuantitativos realizados por siete laboratorios de Puerto Rico, Estados Unidos, España y República Dominicana.
[b]Sin dolientes[/b]
La empresa Multigestiones Valenza, S.A explicó el 5 de abril que realizaría en el país una cuantiosa inversión para procesar el "agregado industrial" y distribuirlo a los países del área, pero hasta el momento nadie ha reclamado el controvertido material. Curiosamente, la empresa promotora del proyecto en el país, Trans-Dominicana de Desarrollo, S.A., concesionaria de ese puerto, había argumentado a Medio Ambiente que emplearía ese "agregado manufacturado" para reforzar el patio de carga de la terminal portuaria.
Los supuestas intereses de las industrias de cemento también fueron utilizados para desviar la atención.
Hace unos días, esas empresas solicitaron a la Cámara Minera y a Medio Ambiente aclarar la situación. "Si hubiesen estado interesadas en las cenizas habrían utilizado primero las que todavía hay disponibles en Nigua", argumenta el presidente de la Cámara Minera-Petrolera, R. Osiris de León.
[b]Cancelado "por hablar"[/b]
La Procuraduría General de Medio Ambiente y Recursos Naturales destituyó el viernes al Procurador Fiscal para la Defensa del Medio Ambiente en la Línea Noroeste. Ramón Aristides Madera Arias denunció hace unas semanas que estaba recibiendo fuertes presiones políticas por sus declaraciones sobre el rock-ash. En octubre de 2003, el funcionario impidió que la primera barcaza cargada con 8,000 toneladas de cenizas depositara la carga hasta que no obtuviera el permiso ambiental correspondiente. En abril, el funcionario emitió varios autos administrativos prohibiendo la movilización del material.
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