Sacerdotes quedan libres en Higüey
Los implicados en el escándalo del albergue quedaron libres de cargos criminales, por decisión judicial
SANTO DOMINGO. La decisión del juez higüeyano, Ramón Emilio Sánchez Carpio, de correccionalizar el expediente que involucra a dos sacerdotes, un diácono y otras dos personas en la presunta violación de menores en el albergue Ciudad de Los Niños San Francisco Javier, generó la protesta del procurador fiscal de esa jurisdicción.
Lucas Pérez, quien apeló ayer la decisión del magistrado, manifestó a DL su desacuerdo con la decisión.
El juez liquidador calificó de delito correccional las imputaciones hechas contra el diácono Rigoberto de Jesús González Predial, Alejandro del Rosario Divinson y la esposa de éste, Rosa Elena Mota, en atención al artículo 345 del Código del Menor, que castiga a los culpables de sustracción, ocultación o supresión de menores.
Pero el Fiscal Pérez alega que el magistrado no especifica en su decisión el tipo de delito que atribuye a los imputados.
González Predial y del Rosario Divison eran administrador y subadmistrador, respectivamente, del albergue.
El juez Sánchez Carpio también emitió un auto de No Ha Lugar a favor de los sacerdotes Cirilo Núñez y Ramón Antonio Betances, alegando falta de indicios que comprometan su responsabilidad penal en el caso.
Anulación
El fiscal Lucas Pérez interpuso un recurso a través del cual busca que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís anule la decisión judicial. Entiende que el hecho no puede calificarse de correccional, cuando hay violación a menores.
Pero el Fiscal Pérez alega que el magistrado no especifica en su decisión el tipo de delito que atribuye a los imputados.
González Predial y del Rosario Divison eran administrador y subadmistrador, respectivamente, del albergue.
El juez Sánchez Carpio también emitió un auto de No Ha Lugar a favor de los sacerdotes Cirilo Núñez y Ramón Antonio Betances, alegando falta de indicios que comprometan su responsabilidad penal en el caso.
Anulación
El fiscal Lucas Pérez interpuso un recurso a través del cual busca que la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís anule la decisión judicial. Entiende que el hecho no puede calificarse de correccional, cuando hay violación a menores.
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