La falta de accesos adecuados lastima a las personas con discapacidad

SANTO DOMINGO. Las organizaciones que trabajan con personas que tienen algún tipo de discapacidad han clamado por años para que se eliminen las barreras urbanas que limitan la integración plena de ese grupo poblacional a la vida social y productiva del país.

Las respuestas han sido lentas. Sembrada de estructuras modernas, todavía la ciudad es inhóspita para quienes salen a las calles a realizar sus actividades cotidianas. Máxime, para quienes lo hacen con la limitación física que les acompaña. A ellas, las personas que viven con discapacidad, que los registros oficiales cifran en 708,597 en el país (según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples de 2013), las barreras arquitectónicas le lastiman, los limitan y, a veces, los matan.

Atropellos

Rossiel Castillo salió de su trabajo a las 5:20 de tarde junto a su compañera Lucía. Ambas, con discapacidad visual, trabajan en el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) de donde salieron rumbo a la avenida México, para tomar un transporte.

Al llegar a la vía se guiaron del ruido de los autos estacionados para decidirse a cruzar la calle. A pocos pasos ya en la vía, un vehículo inició la marcha e impactó a Rossiel. La joven cayó al pavimento y el vehículo le cruzó por las piernas.

Caídas

Luis Alberto Lockward es un licenciado en Derecho que trabaja en una dependencia estatal. Aún recuerda con cierta indignación la caída que sufrió el 2 de noviembre de 2012, de la que se salvó su vida de milagro.

Salía de tomar una prueba de admisión en la universidad. Se dirigió a la estación Francisco Alberto Caamaño Deñó del Metro de Santo Domingo. Pasó la tarjeta de abordaje y caminó hasta el andén para esperar el tren. Por su condición de persona ciega, llamó a la seguridad pero no le respondieron, así que caminó de más y cayó a los rieles.

En ese momento, escuchó voces y personas que se le acercaron. También escuchaba el sonido de la locomotora que se acercaba. Con dificultad levantó un brazo que sentía muy adolorido, y del que le tomaron las personas para sacarlo de las vías segundos antes de que llegara el tren. Además de la fractura del brazo, se lastimó la columna con la caída.

Mientras recuenta el episodio, Luis Alberto reflexiona en que, si por lo menos se contara con un indicativo de límite en el piso, a las personas con discapacidad visual como él, que hacen sus vidas solas y quieren ser independientes, no tendrían que pasarles esas cosas.

¿Las rampas pa’ cuándo?

Cada día es un riesgo extremo para Alexander Benjamín-Garnett Pérez. Sufre de espina bífida, enfermedad que le obliga a andar en silla de ruedas. Es abogado y trabaja en el área de Asesoría Legal del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis). Pese a que esa entidad trabaja con personas con discapacidad, las aceras de la calle Respaldo 27 de Febrero, donde está ubicada, próximo a las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, son demasiadas estrechas para que Alexander pueda maniobrar su silla.

Desde que cruza las puertas de la oficina, se lanza a la vía. Guaguas de transporte público estacionadas a un lado de la calle, hacen que compita con los demás vehículos por un espacio en el carril libre.

Llega a la 27 de Febrero y los protectores que hay en las aceras para forzar el uso del puente peatonal lo obligan a lanzarse a la calle varios metros antes de la intersección. Cruza de sur a norte y luego en dirección oeste hasta detenerse al final de una malla metálica, al otro extremo. La altura de la acera le impide subir. Necesita la ayuda de alguien para saltar el obstáculo.

“Pusieron un puente peatonal pero no pensaron en nosotros... Siempre hay personas que me ayudan, pero la idea no es que me ayuden porque yo puedo hacerlo solo”, se queja.

Reclamos pendientes

La ingeniera Alma Ferreras, coordinadora de Accesibilidad Física del Conadis, dice llevar unos tres años reclamando una solución de movilidad a la intersección de la 27 de Febrero con Gómez. Su requerimiento lo ha hecho ante la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret), operadora del Metro; en el Ministerio de Obras Públicas y en el Cabildo del Distrito Nacional. De ninguna logró respuestas satisfactorias.

Alexandra Ventura, presidenta del Patronato Nacional de Ciegos, también lleva años pidiendo un reductor de velocidad o un semáforo en la avenida Correa y Cidrón, porque el constante flujo de vehículos y la velocidad a la que se desplazan, dificulta el cruce de las personas ciegas que acuden al Patronato.

Intentando cruzar, Arturo José Séptimo, fue impactado en 2015 por una guagua del transporte público que le fracturó su pierna derecha. El joven con discapacidad visual que ahora tiene 26 años esperó a un lado de la vía hasta que alguien le avisó que podía cruzar. Lo intentó, pero la guagua llegó muy rápido.

Francina Hungría, que preside la Fundación que lleva su nombre, se ha sumado a los reclamos para que en ese lugar haya un semáforo parlante. Recuerda que su encuentro con el exalcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, al que acompañó en la boleta electoral como candidata a vicealcaldesa para las elecciones del 2016, se dio porque fue a pedirle ese semáforo en la Correa y Cidrón. Insiste en señalar el riesgo innecesario y lo difícil que es para una persona con discapacidad visual, que tiene necesidades básicas, salir a las calles. Contribuir a mejorar con esa problemática es el objetivo de su programa Bastón Blanco, con el que ha dotado de esta herramienta a más de 3,000 personas desde su creación en 2014, destaca.

Pero falta – a su juicio- más educación vial para que las personas sean más prudentes con quienes padecen alguna discapacidad.

Acciones gubernamentales

La Ley 63-17 que creó el Intrant dejó bajo coordinación de esa entidad las políticas de movilidad urbana. Desde la Dirección de Movilidad Sostenible que dirige Alexandra Cedeño, se trabaja el tema de la seguridad vial, priorizando –explica- al peatón, los ciclistas y a quienes tienen movilidad reducida.

El Intrant ejecuta el Plan de Peatón Seguro que implementa como piloto en la intersección de la John F, Kennedy con Lincoln, donde a diario se mueven unos 40 mil peatones, unos 4 mil en horas pico.

La intervención que inició en marzo implica rebaje de las medianas o isletas para que las personas de movilidad reducida puedan acceder; realización de rampas donde no se podía rebajar la isleta y ampliación del cruce peatonal, detalla Sheyla Guerrero, técnico del Intrant.

También se colocaron señales verticales, semáforos peatonales coordinados con los vehiculares, se rediseñó el recorrido peatonal y se colocaron barreras en las isletas para evitar cruces inapropiados.

Peatón Seguro se desarrollará en todas las estaciones de las líneas 1 y 2 del Metro y en zonas con alto tránsito o incidencia de accidentes del Gran Santo Domingo y pueblo del interior, afirma Cedeño, pero no indica cuándo.

Mediante mesas de trabajo, se coordinan las acciones con las alcaldías y el Ministerio de Obras Públicas. También las socializan con las comunidades del entono. “Este plan irá a donde quiera que haga falta”, sostiene Cedeño.