En última década se produjeron 15 mil 983 homicidios por diferentes armas en RD, según datos de la PN

En los últimos diez años en el país se han producido 15 mil 983 homicidios por diferentes armas, de los cuales 11 mil 196 (70%) ocurrieron en las vías públicas, según datos de la Policía Nacional sobre “homicidios en República Dominicana”.

De acuerdo con estos datos colgado en la página web de la Policía Nacional (PN), entre el 2011 y hasta junio de 2020, en residencias ocurrieron 2 mil 110 (13%) homicidios y en entidades comercial mil 302 (8%).

En cuanto al sexo, según los datos en análisis en este período, 14 mil 323 (90%) homicidios fueron hombres y mil 660 (10%) mujeres.

El observatorio de la PN sobre homicidios en República Dominicana muestra que las armas de fuego encabezan las cifras durante el citado período, con 9 mil 655 (60%) homicidios; seguido por armas blanca, con 4 mil 409 (27%), y los mil 919 (13%) restantes, otras armas.

Daniel Pou, especialista en políticas públicas de seguridad ciudadana y la magistrada Maura Martínez, directora de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas de la Procuraduría General de la República, consultados al respecto por Diario Libre, coincidieron en manifestar que se debe depurar y ver si las personas que tienen armas de fuego, son las que deberían tenerlas; para qué fines; y si cumplen los requisitos exigidos por la ley.

Pou, comentó que “en el país habido un festín con el otorgamiento de permisos de armas de fuego en los últimos cuatro años hasta la fecha. Antes existían restricciones para otorgar sólo armas calibre 38 y 380, que más bien, son pistolas defensivas. Pero con el transcurrir del tiempo esto se ha venido liberalizando y actualmente encontramos una gran parte de la población armada con pistolas que son las que utilizan los grupos élite de operaciones comando de los diferentes lugares del mundo”.

Expresó que “entre los años 2011 y 2012, más o menos, la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), realizó un estudio regional, y a mí me correspondió el Caribe. Esa vez en base a una serie de captura de armas de fuego y los archivos del Ministerio de Interior y Policía pudimos proyectar que en República Dominicana, entre armas legales e ilegales en manos de civiles, la cantidad ascendía a unas 600 mil”.

Comparando estas estimaciones de Pou con el observatorio de la PN, podemos observar que por armas de fuego en 2011 se produjeron mil 574 homicidios y en 2012 un total de mil 458. En la actualidad el ministerio de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, ha dicho que existen 238,000 armas registradas, y según los datos de la PN en el 2019 los homicidios por estos instrumentos de defensa fueron 464 y en los primeros seis meses de 2020, datos más recientes que se presentan, sólo fueron 217, o sea, una notable reducción.

Según el experto, en los años 2011 y 2012 la segmentación de homicidios era por actividades delictivas, pero en los últimos cinco años cerca del 66% son producto de la conflictividad social, o sea, por riñas en lugares de expendio de bebidas alcohólicas, de violencia intrafamiliar y de feminicidios, lo consideró un elemento preocupante.

Refirió que “hay armas de fuego legales que se convierten en ilegales, porque las roban, las alteran. O fueron otorgadas con formulario 25 y sus portadores nunca las devolvieron al Estado, y muchas cayeron en manos de militantes políticos que con el tiempo se fueron olvidando, y muchos de éstos la vendieron al mejor postor. Estos son elementos que deben tomarse en cuenta y fueron de los hallazgos que pudimos encontrar en nuestra labor de investigación”.

Pou, recomendó hacer una campaña para empezar a recoger las armas ilegales, mediante una férrea voluntad política, en el que sea depurado todo el archivo del Ministerio de Interior y Policía.

Proclamó que “no es un problema de si alguien quiere tener un arma. Sino la finalidad, cuál es el propósito, si usted transporta valores, guardia o es seguridad de alguna personalidad”.

Consideró que ‘’es un tema preocupante porque en el país se ha pensado más en el dinero que se capta por vía de emisión del permiso de las armas de fuego, que el mismo valor de la vida humana”.

La fiscalía de Control y Tráfico de Armas

La magistrada Martínez, sobre la gran cantidad de armas de fuego sin renovar, dijo que pudiera darse una gracia, “porque podemos pensar que lo que impera es un tema económico”.

Indicó que esta gracia sería luego de comprobar que el individuo cumple los requisitos establecidos por la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas Municiones y Materiales Relacionados, como aprobar la prueba antidoping, presentarse al laboratorio balístico del Sistema Nacional de Armas para la captura de las huellas balística y biométricas, no tener antecedentes penales, entre otros. Lo que entiende pudiera esto ser una oportunidad para depurar y ver si las personas que tienen armas de fuego, son las que deberían tenerlas, y si son las apropiadas, apropósito de la situación de violencia que afecta al país.

De otro lado, la magistrada Martínez, favorece la reapertura de la Dirección de Control de Porte y Tenencia de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía, porque su suspensión estaba causando una preocupación a su dirección, porque estaba impidiendo realizar sus diligencias procesales para los casos que tienen en investigación.

La fiscal dijo que “también nos exponemos a que algunos de los casos que tenemos en los tribunales se vean afectados en cuanto su resultado final. Por ejemplo, si en el desarrollo de un caso, algunos de los jueces solicitaran alguna información, la cual debe ser expedida por la Dirección de Porte y Tenencia de Armas de Fuego, no lo podrían obtener, por lo que el resultado de ese expediente pudiera versea afectado de manera negativa para nosotros”.

Apertura

Tras tres meses de ser intervenida, a la Dirección de Control de Porte y Tenencia de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía se le dará reapertura este lunes, durante una rueda de prensa a las 10:10 de la mañana en la sede del ministerio.

Desde el pasado miércoles, 9 de diciembre de 2020, se ha mantenido inoperante esta dirección, tras ser desvinculados de sus funciones 52 empleados por ‘’serias irregularidades en los procesos de expedición de licencias”.