Titulatec, empresa que vendía terrenos de Los Tres Brazos, dice afrontar “grave crisis”

Sector de Los Tres Brazos, en Santo Domingo Este. (Diario Libre/Archivo)

SANTO DOMINGO. El propietario de la empresa Titulatec, que vendía los títulos de propiedad a las familias que ocupan desde hace más de 50 años una gran parte del sector de Los Tres Brazos, reveló este domingo que la decisión del presidente Medina de anular el proceso lo ha colocado en una “grave crisis” económica.

En una comunicación de prensa enviada a Diario Libre, el empresario inmobiliario José De Pool Dominici, expone que para llevar a cabo el proceso de gestión de títulos de propiedad “utilizó los servicios de un alto número de empleados y promotores, los que hoy, desesperados por la suspensión forzosa” a que fue sometida su empresa “están reclamando ante el Ministerio de Trabajo el pago de salarios y compensaciones que la Ley les acuerda”.

“De hecho, este viernes, 5 de mayo, TITULATEC ha recibido dos notificaciones del Ministerio de Trabajo, en las que se le conmina a cubrir las deudas contraídas con el personal, lo que, es evidente, por la paralización de nuestra empresa, no hemos estado en condiciones de cumplir, lo que debería llamar la atención de las autoridades superiores, que, quizás sin pretenderlo, han atentado contra la libre empresa y de paso ido contra el precepto constitucional que consagra nuestra seguridad jurídica”, asegura.

Se recuerda que tras el escándalo de la venta de los terrenos a las familias del popular sector Los Tres Brazos, el Poder Ejecutivo creó una comisión para investigar la denuncia, la que determinó que el valor total de los terrenos, asciende a RD$688,042,586 y no a RD$80 millones como negoció la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde).

La comisión agregó, también, que la negociación “nunca debió realizarse en los términos en que se llevó a cabo”.

La declaración de De Pool Dominici hace énfasis en la situación de deterioro económico a que ha sido sometida su empresa, que, según afirma, ya no tiene como dar respuestas a las demandas de empleados, promotores y acreedores bancarios.

Sostiene también que se encuentra en un limbo, que evidencia una apresurada “desaparición de sus gestiones de 40 años al servicio de la industria de la construcción”.

Comunicación de prensa de Titulatec enviada a Diario Libre:

NOTA TITULATEC / DECLARACION DE PRENSA: La Posverdad de Los Tres Brazos

SANTO DOMINGO, Rep. Dominicana. _ Se cumplió un plazo –fatal, podría decirse, de la suspensión forzosa de las actividades de TITULATEC, una empresa inmobiliaria especializada en la gestión de títulos de propiedad en terrenos privados ocupados por terceros, situación que la está llevando a enfrentar una grave crisis en el orden de incumplimiento con terceros, empleados, promotores, bancos, seguros, proveedores, etc.

Las actividades de gestión de títulos de propiedad las venía desarrollando Titulatec en Los Tres Brazos, hacía varios años en el sector, mediante acuerdo alcanzado con la Inmobiliaria Fernández Parache (INFEPA) adquiriente de tres parcelas propiedad de la Dominicana Industrial de Calzados (DOINCA), en las que precisamente se asienta la populosa comunidad, en el municipio Santo Domingo Este (SDE).

Para llevar a los residentes de Los Tres Brazos el mensaje de cómo podría Titulatec asistirlos ante la jurisdicción inmobiliaria, la empresa utilizó los servicios de un alto número de empleados y promotores, los que hoy, desesperados por la suspensión forzosa a que nos vimos obligados, están reclamando ante el Ministerio de Trabajo, el pago de salarios y compensaciones que la Ley les acuerda.

De hecho, este viernes, 5 de mayo, TITULATEC ha recibido dos notificaciones del Ministerio de Trabajo, en las que se le conmina a cubrir las deudas contraídas con el personal, lo que, es evidente, por la paralización de nuestra empresa, no hemos estado en condiciones de cumplir, lo que debería llamar la atención de las autoridades superiores, que, quizás sin pretenderlo, han atentado contra la libre empresa y de paso ido contra el precepto constitucional que consagra nuestra seguridad jurídica.

El gerente general de Titulatec, José De Pool Dominici, ha reiterado declaraciones que en una oportunidad anterior hizo a la prensa, y en las que decía que “la sociedad civil y los negocios dedicados a los asuntos de tierra y construcción deben aunar esfuerzos, junto a los miembros de la judicatura nacional del área inmobiliaria, en pro de que se agilicen los procesos pendientes de solución, a fin de establecer un sistema judicial transparente, y justo por demás.

HISTORIA:

Desde el año 2010, el Consorcio liderado por TITULATEC había gestionado ante la Jurisdicción Inmobiliaria, dependencia de la Suprema Corte de Justicia, la cantidad de 4 mil 300 títulos de propiedad, para igual número de familias interesadas en formar parte de la sociedad con capacidad de bancarización, lo que de haber sido alcanzado por dueños de mejoras los hubiese convertido ya en sujeto de crédito.

Para el 28 de diciembre de 2016 pasado, el gobierno emite el decreto 392-16, mediante el cual ordenaba la paralización de toda actividad comercial, dejando este proyecto en un limbo en el que la empresa ha sufrido grandes trastornos económicos y morales, y de paso llevado angustia a los centenares de adquirientes que ahora cuestionan frente al Estado dominicano la legitimidad de sus títulos, muchos de los cuales ya los habían avalado ante la banca nacional.

En el ínterin, y por falta de información adecuada y conciencia de lo que en materia de seguridad jurídica significa el respaldo solidario del Estado al título de propiedad, los adquirientes de buena fe han suspendido el pago de las cuotas correspondientes, así como los abonos a prestamos adquiridos en la banca local con el respaldo del documento que avala sus viviendas.

Es interés de TITULATEC, en su condición de tercer adquiriente de buena fe, y con una considerable inversión en el proyecto, que el Estado, a través de los mecanismos que la Constitución pone en sus manos, procure una solución al problema planteado, sin faltar a la libertad empresarial, la que fundamenta sus operaciones en la Seguridad Jurídica de que ha hecho gala la presente administración, y que se hace notoria en la creciente inversión extranjera que se verifica en el país, en especial en el sector turismo, como bien lo ha significado el presidente Danilo Medina ante inversionistas locales e internacionales, tanto en Punta Cana como en Bahía de las Águilas.