Amarre de redes

La extraordinaria expansión de las redes sociales tomó a todo el mundo por sorpresa. Ni sus pioneros anticiparon que se convertirían en la más actualizada fuente de informaciones acerca de amigos, celebridades y acontecimientos. Ni tampoco los gobiernos previeron el poder de ellas para convocar, coordinar y realizar protestas, denunciar comportamientos y diseminar opiniones.

Dada la probada capacidad de utilizar las redes sociales para difundir noticias falsas, dañar reputaciones y promover disturbios, los reclamos por que sean reguladas han chocado con la defensa de la libertad de expresión. Países donde esas libertades no son muy respetadas, como es el caso de China, han establecido mecanismos expeditos de censura de los contenidos considerados como inconvenientes. Pero en países democráticos algunos gobiernos han optado por presionar a las compañías administradoras de las redes a que sean ellas las que apliquen la censura.

Un aspecto importante a ese respecto es el gran costo relacionado con filtrar selectivamente los contenidos a fin de evitar restricciones injustificadas. Un verdadero ejército de personas, auxiliadas por algoritmos de detección, se encarga de esa labor en Facebook, a veces descrita como una tarea de “moderación”. Ese costo ha absorbido una porción significativa de los incrementos de ingresos por anuncios y otros servicios, existiendo un vínculo inverso entre las ganancias y el alcance de la depuración de los contenidos.

Otro aspecto relevante es el efecto que la censura o moderación puede tener sobre el tráfico en las redes. El ejemplo más notorio fue la suspensión de la cuenta de Trump en Twitter, una de las más populares con 88 millones de seguidores. A la semana de hacerlo, las acciones de la empresa habían bajado un 7%. Y paradójicamente, en lugar de ser aplaudida, la suspensión intensificó los llamados a que se limitara el poder de las grandes compañías tecnológicas para hacer lo que les plazca con sus usuarios.