Criterios de racionamiento

Dentro de las funciones básicas de una economía está la de racionar bienes y servicios entre quienes desearían comprarlos o utilizarlos. Es tan habitual el desempeño de esa tarea que no ponemos mayor atención a ella, aunque con nuestras actuaciones contribuimos a que sea llevada a cabo.

Cada vez que dejamos de adquirir algo porque entendemos que su precio es muy alto, estamos participando sin proponérnoslo en el proceso de racionamiento. Dado que por lo regular producirlos conlleva un costo, el precio de venta de los bienes y servicios sirve para que quienes los obtengan sean los que están dispuestos y en condiciones de pagar por ellos. Por supuesto, nada asegura que esos adquirientes sean los que más los necesitan o los que merecen obtenerlos.

Ese mecanismo de asignaciones vía precios puede ser reemplazado por asignaciones directas de parte de gobiernos en economías con mercados dirigidos centralizadamente, pero sabemos cuáles son las consecuencias de suprimir los precios relativos como guía para orientar las decisiones de qué cosas producir.

Hay circunstancias, sin embargo, en que las asignaciones derivadas del sistema de precios no son socialmente aceptables. El ejemplo clásico son las situaciones de guerra, en las que la defensa nacional pasa a ser la prioridad absoluta, y los recursos se dirigen con ese propósito. En esos casos puede considerarse necesario que las escaseces de productos esenciales que surjan deban manejarse por medio de asignaciones más equitativas.

La pandemia ha provisto ejemplos similares, es notable el de las pruebas de contagio, y pudiera eventualmente suceder lo mismo con las vacunas, si las cantidades inicialmente disponibles son limitadas. Otros casos han sido más trágicos, como cuando ha sido preciso asignar ventiladores entre un número mayor de enfermos que los requieren.

Los economistas, sabiamente, se mantienen alejados de esta clase de racionamientos moralmente tan difíciles.