Cualquiera que aparezca
El pasado día 9 de este mes, el presidente de Perú, Francisco Sagasti, recibió un certificado oficial, con su correspondiente sello y texto descriptivo de su propósito. No fue, sin embargo, un diploma universitario, una constancia de su investidura presidencial o un título de propiedad de un inmueble. Lo que recibió fue un documento que le confiere la condición de haber sido ya inoculado contra el COVID-19. Y la vacuna utilizada para ese fin no fue una de las estadounidenses Pfizer o Moderna, o la inglesa de Astra-Zeneca, sino una fabricada en China, dando inicio al programa nacional de vacunación de ese país sudamericano. Ese mismo día, 3,449 integrantes del personal médico de 40 hospitales de la capital fueron inoculados también, en tanto que cientos de miles de dosis estaban siendo distribuidas.
Es evidente que los programas de vacunación son una valiosa oportunidad política que los gobiernos no están desperdiciando. La prolongación de las penurias económicas ha ido generando una creciente sensación de urgencia, entre otras cosas por causa del impacto desigual que la pandemia ha tenido sobre los diferentes sectores de la economía. Mientras algunas actividades han sufrido sólo daños menores, otras han visto colapsar sus mercados y se encuentran en situaciones de gran precariedad financiera. Pero a las presiones económicas se ha sumado la aparición de variantes del virus de más veloz propagación, lo que acentúa la percepción de que hay que hay que poner en marcha las vacunaciones de cualquier forma que esté al alcance, sea que las vacunas hablen inglés, ruso, chino u otro idioma. La ansiedad, no obstante, suele ser una mala consejera.
El componente político se extiende a los países fabricantes de las vacunas. Los chinos, en particular, han podido emplear sus vacunas como prueba de su espíritu de cooperación y solidaridad con otras naciones, gracias a que su propia situación sanitaria interna es menos grave que las de Europa o los EE.UU.