Firmas protocolares

Las reuniones internacionales sobre el cambio climático tienen muchos participantes pero pocos protagonistas. Igual que en otros asuntos mundiales, el tamaño de un país es un factor determinante del papel que en esas reuniones se les asigna. Son las grandes economías desarrolladas, los mayores países emergentes, los que poseen más amplias reservas de recursos naturales, y los productores de petróleo y sus derivados, los que son tomados en cuenta. A los países pequeños como el nuestro se les deja expresar sus puntos de vista, sin darle importancia a lo que dicen.

En esas reuniones se asumen compromisos sin que haya sanciones efectivas por no cumplirlos. Los países firman documentos en los que declaran sus metas, muchos sin intención de alcanzarlas, y mientras tanto cada quien sigue haciendo lo que entiende que más le conviene.

Esa clase de situación ha sido bien estudiada por los economistas, pues surge de condiciones en las que no existe una relación directa unilateral entre costos y beneficios. Un país puede imponerse y lograr objetivos ambiciosos que afecten su crecimiento económico, pero las consecuencias ambientales favorables se esparcirán a todos los demás. Y si los demás no hacen lo mismo, el beneficio individual que ese país obtendrá habrá sido muy escaso, desproporcionadamente bajo en comparación con el costo que tuvo que soportar por su actuación.

Otro gran inconveniente proviene de las desigualdades en el nivel de desarrollo económico. Se les pide a los países pobres no seguir los pasos que condujeron a los países ricos a su actual prosperidad. Deben dejar de usar carbón, petróleo o gas natural, deben prescindir de sus medios de transporte impulsados por combustibles fósiles, deben variar sus métodos de cultivo y sus prácticas ganaderas, deben abstenerse de reducir sus zonas boscosas, y deben modificar sus estructuras urbanas para reducir la contaminación, nada de lo cual hicieron en el pasado los hoy países avanzados.