Intelecto antiviral

Normalmente no se cuestiona el derecho de propiedad intelectual que el autor de un libro tiene sobre su obra. Reproducciones ilegales y plagios suelen ser calificados como un aprovechamiento ilegítimo del esfuerzo y talento de otras personas.

Esa actitud crítica, sin embargo, puede variar sustancialmente cuando el objeto involucrado no es un libro, una canción o un diseño comercial, sino algo cuyo uso o aplicación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para quienes lo necesitan. Tal es el caso, evidentemente, de las vacunas contra el virus de la pandemia.

Dentro de los convenios que norman las actuaciones de la Organización Mundial del Comercio figura uno relativo a la propiedad intelectual, cuyo propósito es proteger los derechos de individuos y empresas sobre sus creaciones. La posibilidad de autorizar una licencia obligatoria sobre un producto esencial patentado forma parte de dicho convenio, pero fundamentalmente para uso del país donde el producto será elaborado. Se ha planteado, con el apoyo del actual gobierno estadounidense, la suspensión de esa limitación respecto de las vacunas contra el virus, a fin de que puedan ser producidas a escala mundial y exportadas a los países que las requieran. La acogida de varias naciones y compañías farmacéuticas, como era de esperar, no ha sido muy favorable, mencionando aspectos como secretos técnicos, costos de investigación y desarrollo, cadenas de fabricación, requisitos de conservación y nivel de efectividad de las vacunas.

En adición a ese debate, y vinculada con él, las vacunas han creado una gran oportunidad para un intento de cooperación regional. Por primera vez, los países miembros de la Unión Africana acordaron combinar sus recursos económicos para conseguir un bien prioritario de forma conjunta. A principios de agosto anunciaron que 220 millones de unidades de la vacuna Johnson & Johnson serían parcialmente fabricadas en África del Sur y distribuidas por todo el continente.