Jubilaciones forzadas

Supongamos que en un país haya una fábrica de neveras y que el gobierno desee promover la demanda de sus productos. Podría rebajar impuestos, abrir líneas de crédito, subsidiar sus precios, o comprarlas para sus programas sociales. Pero se le podría ocurrir también algo más heterodoxo. Podría decretar que luego de cumplir un tiempo de uso, digamos siete años, las neveras deban ser desechadas y reemplazadas por otras nuevas, lo cual aseguraría que hubiese demanda suficiente para absorber cualquier capacidad productiva ociosa que la fábrica tuviera, sin que importe el costo que esa medida pueda implicar para los consumidores.

El presidente de Bolivia, conocido por su comportamiento en ocasiones pintoresco, incluyó en su informe del mes pasado con motivo del aniversario del Estado Plurinacional, una solución para reducir la tasa de desempleo vigente en su país. Propuso que al llegar a la edad establecida para recibir una pensión, los trabajadores deban jubilarse forzosamente. Se crearía de ese modo una demanda por los servicios laborales de jóvenes hoy en día desempleados.

No es extraño que la propuesta haya despertado reacciones adversas en diferentes círculos de opinión. Un especialista en asuntos laborales la describió como “desvestir santos para vestir otros”, reflejo del fracaso del gobierno para crear los empleos que había prometido. Y cuestionó las cifras oficiales de desempleo, indicando que la informalidad representa el 80% de la economía. De paso fue cuestionado además el sistema de pensiones de capitalización individual que se supone pronto pasará a ser administrado por el gobierno. Los críticos de la propuesta presidencial señalaron que los cálculos muestran que las pensiones proyectadas apenas llegarían a una tercera parte del último salario de los trabajadores, lo que significa que la jubilación forzosa deterioraría su calidad de vida.