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Lo que se conoce como globalización económica tiene muchos defensores, y también muchos detractores. Se le culpa de contribuir a la desigualdad, ser un instrumento de explotación internacional, provocar desempleo, maltratar el medio ambiente, alentar la especulación, y varias otras ofensas iguales o peores. Fue una suerte que no se le responsabilizara además por la pandemia del COVID-19, quizás porque los chinos y sus laboratorios estatales eran un blanco más específico, y más productivo para fines políticos. Aun así, la globalización sufrió por las interrupciones comerciales y los trastornos financieros secuela del coronavirus.

Pero contrario a lo que en ocasiones se piensa, la globalización no es un fenómeno reciente. De hecho, ha venido edificándose en etapas, comenzando por el interior de los propios países participantes. Eventos como la creación de una moneda oficial, la adopción de un idioma nacional, las construcciones de carreteras, la expansión de las redes de comunicaciones, la aplicación de regulaciones comunes, la proliferación de sucursales bancarias, el reconocimiento de derechos de propiedad, el libre desplazamiento de recursos, y la difusión de tarjetas de crédito, son factores que facilitan y promueven la globalización dentro de cada país, pudiendo ser objeto de críticas similares a las que se hacen a la globalización a escala mundial.

En un estudio publicado en febrero del año pasado, tres economistas europeos, Gunes Gokmen, Wessel Vermeulen y Pierre-Louis Vézina presentan un análisis de cómo los imperios del pasado contribuyeron a echar las bases de la globalización. Abarcando nada menos que cinco mil años, evalúan elementos como el desarrollo y protección de rutas comerciales, y la imposición de lenguajes, religiones y sistemas legales, que hicieron posible la acumulación de lo que ellos describen como capital imperial. Dentro de los factores productivos es precisamente el capital el principal aliado de la globalización.