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Dice el FMI, en relación con la respuesta apropiada a los apremios económicos derivados de la pandemia, que las políticas gubernamentales deben adaptarse para salir de la crisis y crear condiciones propicias para una recuperación más verde, equitativa y duradera. Señala que hasta que la pandemia sea controlada globalmente, las políticas fiscales deben mantenerse flexibles. Pero añade que es preciso mantener también la deuda pública a un nivel manejable a largo plazo. En otras palabras, continuar incurriendo en déficits fiscales, siempre que la deuda que ellos provocan no exceda la capacidad de pagarla.

El problema es que el nivel sostenible de la deuda es objeto de debate en todos lados. De hecho, son los mercados financieros los que están indicando su parecer al respecto, guiados por evaluaciones basadas en supuestos acerca de lo que puede suceder, las cuales muestran entre ellas un inusual grado de divergencia. En ese sentido, las políticas fiscales han servido para poner de relieve la desigualdad entre las naciones. Las ricas, con monedas fuertes, gastan todo lo que desean sin preocuparse por la deuda. Las pobres como la nuestra, con monedas débiles, no pueden hacer lo mismo.

Transcurridos cinco trimestres desde el impacto económico inicial de la pandemia, y estando todavía inmersos en las garras de los contagios, el Gobierno dominicano anunció medidas de austeridad encaminadas a reducir el gasto público. En principio, cualquier disminu- ción en el gasto afecta la recuperación del PIB y el empleo, por lo que hubiera sido preferible no tener que hacerlo, pero siendo nuestro país el líder en el DR-CAFTA en cuanto a devaluación monetaria e inflación, fue una decisión atinada.

Eso nos lleva a aceptar que la mejor recuperación no es necesariamente la más rápida, a diferencia de lo que mundialmente se planteó al inicio de la crisis, con sus ya famosas curvas en forma de V. La mejor es la mayor posible sin quebrar los fundamentos de la estabilidad.