Reparto de pérdidas

Si tener una mejor educación hace posible ganar más dinero en el futuro, parece lógico concluir que tomar un préstamo para cursar una carrera técnica o profesional es una decisión racional, igual como si fuera para invertir en un negocio. Ese razonamiento es el fundamento de los mecanismos de crédito educativo que existen en la mayoría de los países, los cuales permiten al deudor superar las usuales limitaciones de la educación pública gratuita.

En los EE.UU., donde esos créditos son muy utilizados, la deuda estudiantil asciende a la asombrosa cifra de 1.4 mil millones de dólares, y ésta crece velozmente. Hay incluso instituciones en la República Dominicana, como Intec, Unibe y la PUCMM, que califican para que estadounidenses se endeuden para estudiar aquí. Sin duda, el crédito educativo ha elevado el número de estudiantes y ha beneficiado mucho a los centros de enseñanza, pero el peso de la deuda que gravita sobre los graduados les acompaña durante largo tiempo y muchos no llegan a cumplir con sus compromisos de pago. Es un tipo de deuda que según la legislación vigente en los EEUU no se puede borrar aun si la persona se declara en quiebra. Y como la mayor parte de esos préstamos son financiados con fondos públicos, la falta de pago implica una pérdida que recae sobre los contribuyentes de impuestos.

Ante tal situación, una controversial propuesta plantea una forma de compartir esas pérdidas. Contenida en un reporte publicado el mes pasado por la Institución Brookings, organismo radicado en Washington, la propuesta haría recaer parte del costo sobre aquellos centros educativos que ofertan programas que sistemáticamente terminan siendo una mala inversión para quienes se enrolan en ellos. Se les haría, de ese modo, parcialmente responsables por haber inducido a endeudarse por algo que no dará los frutos esperados, y se les obligaría a preocuparse por el porvenir económico de sus estudiantes.

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