Retraso japonés

Con una duodécima parte de su población, nuestro país tiene una tercera parte de los fallecimientos por el COVID-19 en Japón. En términos porcentuales, por lo tanto, mostramos una incidencia de muertes equivalente a cuatro veces la sufrida hasta ahora por esa nación. Esa desfavorable comparación se repite respecto de otros países del lado asiático del Pacífico.

El 65% de las muertes en Japón, sin embargo, han ocurrido en lo que va del 2021, dejando con sólo el 35% al año 2020 cuando la pandemia comenzó. El número de fallecidos superó los diez mil el día 26 del pasado mes de abril, y se debate el motivo de la aceleración, a pesar de que en el 2020 había escasa información acerca del virus y no se disponía de vacuna alguna para combatir los contagios. Se dice que Japón está padeciendo la tercera ola de nuevos casos, y se trata de evitar la llegada de la cuarta.

El invierno, y el consiguiente traslado a espacios cerrados de actividades antes desarrolladas al aire libre, es una explicación que agrada a las autoridades. Esto así porque cualquier proceso atribuible al clima es preferible a otras causas que puedan achacarse a la actuación, o falta de actuación, de organismos gubernamentales. Es aceptable además culpar a nuevas variantes más contagiosas, sobre todo si ellas surgieron en otros lugares del mundo. Y la mayor edad promedio de los japoneses puede también servir como una conveniente explicación, reforzada por el hecho de que el 95% de las muertes ha sido de personas mayores de sesenta años, y los octogenarios representan el 65% del total.

No obstante esas explicaciones, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que las medidas tomadas por Japón han quedado muy rezagadas en relación con las aplicadas por otras naciones de la región. Mucho más efectivos han sido los programas puestos en marcha por países como Singapur, Nueva Zelanda, China y Tailandia, y tienen un papel esencial la difusión y cobertura de las pruebas diagnósticas.