Sanciones sanitarias

Durante las primeras etapas de la pandemia, cuando todavía las vacunas eran una remota posibilidad, las mascarillas faciales ofrecían la mejor esperanza de evitar el contagio. Costosas y escasas al principio, pronto estuvieron disponibles a bajos precios. El problema fue entonces lograr que la gente las usara, para lo cual se establecieron requisitos de acceso a lugares, a los que sin ellas no se podía entrar. Y en algunos países se impusieron multas a los que no las tuvieran.

La justificación principal para requerir las mascarillas fue el perjuicio que quienes no las usaran podían infligir a los demás. De modo similar a lo que ocurre con ruidos excesivos o plantas eléctricas contaminantes, el daño causado era real, y los responsables podían ser sancionados, o por lo menos obligados a ponerse las mascarillas en sitios públicos.

Ahora, sin embargo, las vacunas son la mejor esperanza para detener la pandemia. Las mascarillas siguen siendo importantes, pero para alcanzar la inmunidad grupal, el camino luce ser la vacunación. E igual que con las mascarillas, hay quienes rehúsan vacunarse. La misma justificación que hubo para requerir las mascarillas es válida para las vacunas, pero hasta el momento no se pide un certificado o tarjeta de vacunación para dejar entrar a alguien en una tienda u oficina.

Impedir llegar a la inmunidad grupal, y auspiciar contagios que facilitan la aparición de nuevas variantes virales, ocasiona un perjuicio que podría conllevar una sanción. La viabilidad de su imposición, no obstante, se reduce debido a obstáculos prácticos de aplicación y a que probablemente sería resistida por la opinión pública, en parte por la complejidad de asociar contagios con personas transmisoras específicas. En ese sentido, la relación individual entre causa y efecto es difícil de demostrar.

En épocas pretéritas, como la de la plaga de peste bubónica en Europa, la superstición condujo al martirio de muchos inocentes señalados como culpables.