Sustracciones extendidas

Uno de los beneficios que se dice traerá la entrada en operación de las dos unidades de Punta Catalina, aparte de reducir el costo de la generación, será reducir también la sustracción de electricidad. Se espera que con la regularización del servicio y la ampliación de los circuitos de 24 horas, puedan instalarse más medidores y mecanismos de pago por adelantado.

El problema no es exclusivamente nuestro. La agencia Forrester estima en 6,000 millones de dólares el costo anual de la sustracción de energía en los EE.UU., calificándolo como el tercer objeto de robo más frecuente en ese país, después de las tarjetas de crédito y los automóviles. Sin embargo, como porcentaje del total generado, menos del 2%, ese costo allá es menor a la décima parte de lo que es aquí.

A nivel mundial, según un estudio publicado el año pasado por el Grupo del Nordeste, una firma de inteligencia de mercados especializada en infraestructura, las empresas distribuidoras de electricidad pierden 96,000 millones de dólares anualmente por causa del robo de energía y errores administrativos, excluyendo pérdidas técnicas como son las provocadas por deficiencias en las redes. El Grupo pone de relieve que esas pérdidas hacen subir las tarifas para los usuarios que pagan, absorben recursos que podrían destinarse a inversiones de capital, y colocan una pesada carga de subsidios sobre los gobiernos.

Entre las soluciones posibles, el estudio resalta el empleo de sistemas avanzados de medición, los cuales permiten la lectura remota de consumos, conexiones y desconexiones automáticas, detección de apagones, monitoreo de voltaje, variación de tarifa según la hora y día de consumo, y la identificación de los puntos de sustracción.

Pero sabemos por experiencia que los medidores y cualquier otra innovación no detendrán el robo de energía en nuestro medio, hasta que los gobiernos decidan asumir el costo político derivado de aplicar las medidas necesarias para ponerle fin.