Mercado permanente

La demanda mundial por las vacunas contra el COVID-19 ha sido inmensa y, aparentemente, se mantendrá en el futuro previsible. El presidente de Pfizer, uno de los fabricantes más beneficiados, ha indicado que las inoculaciones tendrán que repetirse anualmente para mantener el nivel de inmunidad. Su opinión, evidentemente matizada por los intereses de su empresa, es compartida por especialistas no vinculados a las compañías farmacéuticas involucradas. Ya Inglaterra ordenó 114 millones de dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna, que le serán entregadas durante los próximos dos años.

Una pregunta válida, especialmente en naciones como la nuestra, es la de quién pagará por esas vacunaciones recurrentes. Para aligerar la carga económica que ese proceso implicará, el gobierno tendría que lograr que las inoculaciones anuales, o con la frecuencia que finalmente se establezca, pasen a ser tratadas como una más de las vacunas que se administran periódicamente, entre ellas la de la influenza, el sarampión y otras enfermedades.

No obstante, hay que reconocer que las características del COVID-19 lo diferencian de otras amenazas más comunes y habituales. Por el alcance del virus en términos de edades, sus consecuencias directas y eventuales efectos secundarios, sus implicaciones económicas, y su incidencia derivada de las reacciones de otros países, los estados a nivel mundial continúan asumiendo un rol primordial en la adquisición de las vacunas y su distribución a la población. Esa situación gravita en contra de los países pobres, cuyos gobiernos no disponen de los recursos necesarios para sostener un programa permanente de inoculaciones.

Un auxilio en ese sentido podría provenir de una disminución en el precio de las vacunas, resultante de economías de escala en su elaboración. Un inconveniente, sin embargo, surgiría si las mutaciones originan nuevas variantes que requieran de una sucesión de investigaciones a fin de modificar los productos.