Reforma reivindicadora

A diferencia de otras naciones latinoamericanas, donde modificaciones constitucionales se hacen para ampliar los períodos gubernativos, la reforma que en Chile será aprobada o rechazada el próximo domingo está centrada en la introducción de reivindicaciones sociales.

El proceso de cambio tuvo su origen en la ola de protestas que comenzaron en octubre del 2019, las que se extendieron por más de un año con un saldo de treinta muertos y miles de heridos. Ante la gravedad de la situación, en octubre del 2020, en plena pandemia, fue celebrado un plebiscito en el que el 80% de los votantes apoyó redactar una nueva constitución para reemplazar la actual, aprobada originalmente en el gobierno de Pinochet y modificada parcialmente más adelante. Fue un proceso que demostró el nivel de estabilidad institucional alcanzado por los chilenos, pues la convención constituyente que fue electa tuvo un carácter paritario y llevó a cabo sus trabajos de forma continua durante más de un año. Por supuesto, estar de acuerdo con modificar la constitución no es lo mismo que estar de acuerdo en lo que se va a cambiar, y fuertes críticas han sido vertidas en relación con la labor de la convención por quienes se oponen a algunos de los cambios propuestos.

El plebiscito implica un retorno a la obligatoriedad de votar, suspendida desde el 2012, lo que reduce el nivel de confiabilidad de las proyecciones basadas en los resultados de los comicios celebrados en los últimos diez años, pero se estima que la influencia de la campaña por televisión y redes sociales será determinante. Inicialmente las encuestas mostraban una clara preferencia por la reforma, pero esa situación fue variando en favor de mantener la constitución actual.

El temor a lo desconocido, presente también en nuestro país, puede incidir sobre el resultado. Cuando los chilenos eligieron como presidente a Gabriel Boric, sabían que el Congreso actuaría como un freno. Poner en sus manos una nueva constitución es algo diferente.