Declaración de recesión

Que una economía caiga en recesión tiene implicaciones que van más allá de sus consecuencias sobre el bienestar de la población. Conlleva también un estigma político que normalmente recae sobre el gobernante en cuyo ejercicio ocurre, al ser la recesión utilizada por sus rivales como señal de una deficiente gestión administrativa. Por esa razón, los gobiernos procuran evitar que se cumplan los requisitos para que una recesión sea declarada.

La clave del asunto está precisamente en los requisitos, sobre los cuales no hay un consenso universal. El criterio más utilizado es bastante simple, probablemente demasiado simple. Se dice que una economía está en recesión cuando el PIB declina durante dos trimestres consecutivos, sin que importe si el descenso fue pequeño o grande, o si el primer trimestre bajó más o menos que el segundo.

Como criterio tiene la ventaja de ser fácilmente comprobado, pero la gran desventaja de no tomar en consideración otros aspectos igualmente relevantes, entre ellos el crecimiento de la inversión, el gasto de consumo y el nivel de empleo.

De ahí que en algunos países el criterio sea más complejo, tal como sucede en los EE.UU., donde el Buró Nacional de Investigaciones Económicas, organismo encargado de decidir si hay o no hay recesión, incluye factores adicionales en sus deliberaciones.

Una debilidad de la declaratoria es que la recesión se define con retraso, lo que abre la posibilidad de que cuando se anuncie ya la economía esté creciendo de nuevo. Esa característica reduce su utilidad para fines de la formulación de la política económica, pues si se reacciona a la declaración aplicando más medidas expansivas, podría ser que éstas fuesen innecesarias o excesivas.

Eso hace que la declaración sirva sobre todo para propósitos estadísticos, facilitando la posterior segmentación de los acontecimientos económicos en etapas identificadas y descritas sistemáticamente, aptas para ser analizadas en función de causas y consecuencias.