Mínimo universal

El aumento del salario mínimo es un asunto que cada cierto tiempo es objeto de discusión entre empleados y empleadores, cada sector representado por sus agrupaciones correspondientes, con el gobierno jugando papeles múltiples como árbitro, patrono y regulador. En torno a ellos, un conjunto de analistas y organizaciones sociales expresan sus opiniones con diversos grados de vehemencia. Es sin duda un asunto que provoca reacciones emocionales e incide sobre intereses enfrentados.

Una característica del salario mínimo es que beneficia esencialmente a los que tienen un empleo. A los desempleados, a los chiriperos que trabajan por su cuenta, a los pensionados y a las personas que de una u otra forma están fuera del sector económico formal, les afecta sólo indirectamente. Quizás se beneficien de la ayuda de alguien cuyo salario haya sido incrementado, pero podrían también ser perjudicados si el aumento hace subir los costos de producción y los precios de los artículos que consumen.

Esa discrepancia es uno de los varios motivos por los que hay quienes proponen establecer una remuneración mínima universal, a cargo de los presupuestos nacionales, que abarque a toda la población y le asegure un nivel mínimo de ingresos. Calificada por muchos analistas como una propuesta soñadora, una fantasía irreal, ha sido puesta en marcha de forma experimental en algunos lugares sin haber alcanzado un éxito concluyente, y sin haber logrado convencer a sus opositores. Los países europeos nórdicos podrían ser los que más cercanos están de poder implementarla, aparte lógicamente de algún pequeño y afortunado sultanato exportador de petróleo.

Pero independientemente de su viabilidad práctica, el alcance del ingreso mínimo universal pone de relieve la parcialidad de los efectos del salario mínimo. De igual modo, hace resaltar la superficialidad de la pretensión de que con el aumento periódico del salario mínimo se subsanan las graves injusticias y discriminaciones laborales existentes.