Empleados de seguridad privada, excluidos del FASE, claman por ayuda

Empleados suspendidos por una empresa de seguridad privada clamaron este jueves por ayuda del Gobierno ante la situación de incertidumbre que enfrentan tras ser enviados a sus casas sin recibir ninguna compensación económica.

“El presidente, por favor nos ayude con todas esas empresas que están enviado personas (sus trabajadores) a sus casas que no tienen recursos de cómo mantener a sus familias en medio de esta pandemia (coronavirus)”, clamó Sandra Leonardo, una joven parada de sus labores.

Leonardo visitó a Diario Libre junto a cuatro compañeros de trabajo que tienen la misma situación que ella en este momento del estado de emergencia como consecuencia del COVID-19 que ha causado en el país 265 muertos y 5,543 contagiados. La crisis ha llevado a la suspensión de casi un millón de empleados.

En ese sentido, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 143-20 que crea el Fondo de Asistencia Solidaria al Empleado (FASE) para apoyar de manera transitoria a los trabajadores del sector privado con transferencia monetaria, programa que no incluye a los trabajadores de empresas de seguridad privada.

Leonardo y sus compañeros Wilking García Otaño, Jonathan Vélez Duval, Gary Wilson de la Cruz y Elías Tomás Moneró Cruz dijeron que son decenas los suspendidos por la empresa en la que laboran y que no acudieron a Diario Libre a clamar por ayuda por sus dificultades económicas.

Según el decreto 143-20 que crea FASE, los trabajadores con salarios inferiores o igual a RD$5,000 pesos mensuales, recibirán una transferencia de RD$5,000 pesos mensuales, que será asumida en un 100% por el Gobierno.

Los que devengan salarios superiores a los RD$5,000 pesos mensuales, estarán recibiendo un aporte mensual que será cubierto en un 70% por el Gobierno hasta un monto máximo de RD$8,500 pesos mensuales por trabajador.

Los recursos utilizados para la asistencia provienen de los generados por el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborables (IDOPRIL) cuya ley establece que el dinero “de pasadas, utilidades o beneficios que se hayan acumulado en la administración del Seguro de Riesgos Laborales a la fecha de la entrada en vigencia” de la ley que lo crea “será utilizados en proyectos y programas que tengan como objetivo la protección económica, social, laboral o de salud de los trabajadores”.

Como requisito también las empresas deben estar al día en sus cotizaciones hasta el mes de febrero pasado.