EE.UU. presiona a Colombia para que frene la producción de coca
Dramático aumento en el cultivo enfurece a administración de Trump decidida a combatir el abuso de drogas.
El gobierno colombiano se ha comprometido a destruir más plantas de coca en medio de las preocupaciones estadounidenses de que el gobierno deseoso de lograr la paz con las FARC, el grupo rebelde más grande y más conocido del país, ha relajado la guerra contra las drogas.
La producción de coca ha aumentado dramáticamente en los últimos años y la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha puesto más presión sobre Bogotá. El mes pasado, la Casa Blanca dijo que “consideró seriamente” poner a Colombia en una lista negra de países que no combaten el tráfico de drogas a nivel mundial, poniéndolo a la par de Venezuela y Bolivia. Colombia, el mejor aliado de Washington en América Latina, se indignó.
Pero dado que enfrenta un repunte en el consumo de opiáceos y un posible aumento en el consumo de cocaína en el país, la administración Trump está interesada en identificar a los culpables. Alrededor del 90 por ciento de la cocaína en el mercado estadounidense proviene de Colombia, dice Washington.
El año pasado, se plantó una cifra récord de 188,000 hectáreas de coca en Colombia, según informes estadounidenses, un aumento del 133 por ciento en tres años. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dice que Colombia produjo alrededor de 866 toneladas de cocaína el año pasado, con un valor mayorista local de cerca de US$1.4 mil millones, o un valor de venta en EEUU de cerca de 50 veces esa cantidad.
“La Casa Blanca estaba en su derecho de expresar su preocupación por el cultivo de coca”, dice Adam Isacson, un alto miembro asociado de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Pero amenazar con retirarle la certificación a Colombia y decirle ‘estamos poniéndolos en la misma cesta que Venezuela y Bolivia’, fue humillante”.
Hay muchas razones para el auge de la coca de Colombia, dicen las autoridades. El histórico acuerdo de paz del año pasado con la guerrilla marxista de las FARC ha creado tanto peligros como oportunidades. Si bien el estado puede finalmente avanzar hacia zonas controladas por la guerrilla y erradicar los cultivos de coca que ésta había cultivado en busca de ingresos, las bandas criminales también pueden hacer lo mismo, algunas de las cuales están vinculadas con disidentes de las FARC.
Otra razón para el auge es la decisión del gobierno de detener las fumigaciones aéreas en 2015 por motivos de salud. A pesar de la presión estadounidense, Bogotá no tiene planes para reanudar las fumigaciones.
Pero después de haber abandonado la fumigación aérea, el gobierno parece haber hecho muy poco para reemplazarla. El año pasado, Colombia destruyó 18,000 hectáreas de coca manualmente, 81 por ciento menos que en 2008, cuando alcanzó su nivel máximo de erradicación manual. Una reducción presupuestaria estatal ha reducido el número de agentes disponibles dedicados a destruir las plantas. El gobierno ha prometido destruir 50,000 hectáreas este año y eliminar la misma cantidad mediante los programas de sustitución de cultivos, subvencionando a los agricultores para que cultiven cacao, café, frutas y aceite de palma en lugar de coca.
Pero los agricultores se quejan de que no hay mercado para los nuevos cultivos y ninguna infraestructura de apoyo. Algunos agricultores han sembrado deliberadamente plantas de coca para luego destruirlas y solicitar subsidios, dicen las autoridades.
Colombia señala tanto el alto nivel de extradiciones como de incautaciones de drogas como prueba de su compromiso con la lucha contra la cocaína. Ha extraditado a más de 800 personas a EEUU para que sean juzgadas por cargos de tráfico de drogas. Por cada tonelada de cocaína que las autoridades estadounidenses incautan en la frontera mexicana, los colombianos incautan 44.
El tráfico de drogas también sigue cobrando vidas colombianas: este mes, al menos seis personas murieron después de que las fuerzas de seguridad se enfrentaron con cultivadores de coca a quienes, según el Ministerio de Defensa, los guerrilleros disidentes habían obligado a protestar.
En última instancia, la lucha de Colombia contra la cocaína es un proyecto a largo plazo. El ministro de defensa, Luis Carlos Villegas, reconoce que “será un proceso de al menos una generación”.
Por Gideon Long (c) 2017 The Financial Times Ltd. All rights reserved