Guerreros selva Brasil listos a luchar contra Bolsonaro

El grito de guerra de los kayapó resonó profundamente en la Amazonia, la selva tropical más grande del mundo. Cuatro docenas de guerreros, con sus tocados de plumas de guacamayas de color amarillo y rojo, se encontraban en el claro del pueblo, portando armas de fuego y garrotes de guerra. Las guerreras, con la coronilla de sus cabezas afeitada, cantaban agudos gritos de guerra y agitaban machetes en el aire.

Kruwyt, el anciano jefe de la aldea de A’Ukre, posteriormente los guió en el “pry’ongrere”: una danza de batalla para “ahuyentar al enemigo”. Su enemigo declarado no es otro que el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El excapitán de derecha, quien asumió el cargo en enero, ha criticado lo que él considera la excesiva protección legal brindada a los 305 grupos étnicos de Brasil y la “enormidad” de sus reservas de tierras constitucionalmente otorgadas.

“Estamos listos para ir a la guerra contra cualquier error del presidente Bolsonaro”, le dijo Kruwyt al grupo, sus cuerpos decorados con diseños en tintes de frutas negras, un signo de guerra. “Él quiere reducir nuestra tierra, quiere terminar con nuestras tradiciones, y somos guerreros defendiendo nuestra selva tropical, nuestro río, nuestra cultura”, él dijo.

Las 3.2 millones de hectáreas de la tierra de los kayapó en la cuenca del río Xingú, en el corazón de Brasil, forman parte de uno de los mosaicos más grandes de tierras indígenas contiguas del país. Durante cientos de años, los kayapó han luchado contra los colonizadores portugueses, contra sus vecinos tribales, así como contra los madereros y los buscadores de oro brasileños. Actualmente le están haciendo frente a un gobierno que está dispuesto a abrir las tierras indígenas a la actividad comercial.

La lucha de los pueblos indígenas por mantener su forma de vida, famosamente documentada por el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss, no es nueva. Pero ahora Bolsonaro ha convertido el acceso a esta tierra en una parte central de su política de desarrollo, lo cual ha provocado protestas dentro y fuera del país. Esta semana, el Museo Americano de Historia Natural canceló un evento para honrar al presidente, citando la preocupación por la selva amazónica.

Durante las últimas semanas, Bolsonaro ha criticado lo que denominó “una industria de demarcación de tierras indígenas” que “hace que cualquier proyecto de desarrollo en la Amazonia sea inviable”. El presidente, quien se enorgullece de su relación con el líder estadounidense Donald Trump, agregó que le gustaría explorar la selva tropical en busca de riquezas “en sociedad” con EEUU. Poco después de asumir el cargo, él despojó a la agencia indígena de Brasil de su autoridad para demarcar las tierras indígenas, transfiriéndola al Ministerio de Agricultura, el cual, según los críticos, está dominado por los intereses de los agronegocios.

Los fiscales federales advierten que la medida es ilegal, ya que la constitución brasileña garantiza los derechos de los grupos étnicos a sus tierras ancestrales. Los críticos del Sr. Bolsonaro lo acusan de complacer a la comunidad agrícola conservadora que lo condujo al poder. Brasil es uno de los mayores productores de soja del mundo, y los ambientalistas consideran ese cultivo como un causante de la deforestación.

Según los jefes indígenas, los antropólogos y los ecologistas, el meollo del asunto es el acceso a la tierra. De hecho, un 12.5 por ciento del vasto territorio de Brasil, un área del tamaño de Venezuela, alberga a más de medio millón de indígenas, principalmente en la selva amazónica, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE, por sus siglas en portugués). En general, los indígenas representan menos del 1 por ciento de los 210 millones de habitantes de Brasil. “Ésta es nuestra tierra, estábamos aquí antes del ‘kubên’”, indicó Pat-i, el joven aspirante a jefe de A’Ukre, refiriéndose a la gente blanca. “Destruirán la selva tropical y todo lo que hay en ella, todo porque necesitamos ‘su’ desarrollo”, él agregó.

Tal desarrollo no ha ayudado a otras aldeas de los kayapó, él indicó, refiriéndose a los asentamientos cercanos que han caído en manos de los mineros de oro ilegales y han sido destruidos por la deforestación, por el consumo de alcohol y por la prostitución. Hay frecuentes conflictos con los mineros, con los madereros y con los ganaderos, señaló el Consejo Indigenista Misionario (CIMI, por sus siglas en portugués), un grupo de apoyo de los derechos indígenas.

El gobierno cree que abrir las tierras indígenas al desarrollo aliviará esas tensiones al mejorar los estándares de vida. “Los indios de Brasil son indigentes. En un país como el nuestro, donde los indios tienen alrededor del 13 por ciento del territorio nacional, pero viven en la pobreza, hay algo que está mal”, comentó la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Corrêa.

Las aproximadamente 350 personas en A’Ukre cazan jabalíes para obtener alimentos y cosechan nueces de Brasil para la venta. Tienen electricidad de generadores y agua limpia de un pozo. Si bien hay una escuela en la aldea, las tasas de alfabetización son más bajas en las comunidades indígenas que en otras partes de Brasil, dijo IBGE, y las tasas de mortalidad infantil son más altas, según un estudio de 2017. A los kayapó les gustaría tener acceso a una mejor atención médica pero, por lo demás, dijo Pat-i, “no creo que somos pobres. En las ciudades, el hombre blanco vive con dinero. Aquí no; nosotros cultivamos, cazamos, pescamos, bailamos. Con todo eso, somos ricos”, el agregó.

Las tierras indígenas actúan como “gigantescas barreras en contra de la invasión de la deforestación”, dijo el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (IPAM, por sus siglas en portugués). Los ambientalistas advierten que cualquier intento por parte del gobierno de reducir el tamaño de las reservas de conservación, de facilitar la concesión de licencias ambientales y de debilitar los derechos indígenas, plantearía nuevas amenazas para la Amazonia. En los primeros dos meses de 2019 ya se han cortado 8,500 hectáreas de selva tropical en la cuenca del río Xingu. Esto representa un aumento del 54 por ciento con respecto al mismo período el año pasado, señaló el Instituto Socioambiental, un grupo de defensa y de investigación, en medio de la presión por parte de los agricultores y de los acaparadores de tierras.