Guerra por alimentos
Algo está podrido en el Estado de Venezuela: más de 2,300 contenedores (y seguimos contando) repletos de alimentos en descomposición, importados por el gobierno el año pasado y que nunca fueron distribuidos. El escándalo es especialmente embarazoso para el presidente Hugo Chávez ya que ocurre cuando hay escasez de los alimentos básicos en las cadenas de tiendas de alimentos propiedad del Estado. Pero en lugar de replantearse su política estatal de alimentos y agricultura, el Presidente ha declarado una "guerra económica" contra el sector privado.
La carga se descubrió el mes pasado cuando la inteligencia estatal estaba investigando el robo de leche en polvo. El gobierno admite que sólo en el muelle de Puerto Cabello se están pudriendo 30,000 toneladas de alimentos. Los medios de la oposición calculan el total en más de 75,000 toneladas, o cerca de una quinta parte de lo importado en el 2009 por PDVAL, la compañía estatal responsable. El anterior presidente de la compañía, Luis Pulido, fue arrestado por corrupción y otros 20 funcionarios podrían correr la misma suerte.
PDVAL es una subsidiaria de Petróleos de Venezuela, el gigante petrolero estatal. Fue creado en el 2008, en un reconocimiento sesgado de que Mercal, otra cadena alimentaria estatal, no estaba haciendo bien su trabajo. El grandioso objetivo de PDVAL es lograr la "soberanía alimentaria total" y eliminar lo que Chávez llama el "acaparamiento y contrabando" del sector privado. Desde el 2003, el gobierno ha impuesto control de precios a muchos comestibles. En ese año, el gobierno desbarató una huelga dirigida por los comerciantes que estuvo cerca de paralizar la economía. Desde entonces el sector privado enfrenta un acoso constante.
Los resultados han sido escasez persistente y una desmesurada inflación: según el Banco Central, el precio de los alimentos y bebidas subió 21% en los primeros cinco meses de 2010. Esta semana, Elías Jaua, el vicepresidente, culpó de la inflación a los "especuladores (vinculados a) intereses políticos que buscan la desestabilización como parte de una estrategia de campaña", en antelación a las elecciones legislativas en septiembre.
Los alimentos básicos están más escasos en los establecimientos de Mercal y PDVAL que en los supermercados privados, de acuerdo a Datanálisis, una compañía de encuestas. Pero el gobierno está agilizando la expropiación de fincas, industrias alimentarias y distribución, en una puja por lograr lo que ha llamado la "hegemonía" estatal en el suministro de alimentos. El 7 de junio anunció otra expropiación de otras 18 empresas alimentarias acusadas de violar las regulaciones.
Todos los ojos están puestos ahora en Empresas Polar, un gigante familiar que es la compañía privada venezolana más grande de alimentos y bebidas. Polar, que alega generar casi el 3% del PIB del país no relacionado al petróleo, y tiene 19,000 empleados, se queja de acoso. Dice que sus plantas y oficinas fueron visitadas 220 veces por inspectores del gobierno en los primero cinco meses de este año. A finales de mayo, el gobierno confiscó 114 toneladas de alimentos de un almacén de Polar alegando acaparamiento (lo que la empresa niega).
En varias ocasiones, Chávez ha amenazado a Lorenzo Mendoza, el presidente multimillonario de Polar, con la expropiación. Pero como muestran los alimentos en descomposición, su gobierno funciona mucho mejor destruyendo el orden existente que creando una alternativa viable. Cerca del 70% de los alimentos que consume Venezuela son ahora importados, lo que genera grandes oportunidades para soborno político. La mayoría de las fincas y empresas alimentarias expropiadas por el Presidente sufren de nóminas infladas, menoscabo de la productividad y una ineficiencia rampante. Sus amenazas contra Polar son repudiadas por una fuerza laboral bien pagada y leal. La empresa es uno de los mayores obstáculos que quedan para instalar en Venezuela un comunismo al estilo de Cuba. Pero su expropiación ahora podría costarle a Chávez las elecciones congresuales. Como dicen los venezolanos, "amor con hambre no dura".
© 2010 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.
De The Economist, traducido por Diario Libre y publicado bajo licencia. El artículo original en inglés puede ser encontrado en www.economist.com
Los resultados han sido escasez persistente y una desmesurada inflación: según el Banco Central, el precio de los alimentos y bebidas subió 21% en los primeros cinco meses de 2010. Esta semana, Elías Jaua, el vicepresidente, culpó de la inflación a los "especuladores (vinculados a) intereses políticos que buscan la desestabilización como parte de una estrategia de campaña", en antelación a las elecciones legislativas en septiembre.
Los alimentos básicos están más escasos en los establecimientos de Mercal y PDVAL que en los supermercados privados, de acuerdo a Datanálisis, una compañía de encuestas. Pero el gobierno está agilizando la expropiación de fincas, industrias alimentarias y distribución, en una puja por lograr lo que ha llamado la "hegemonía" estatal en el suministro de alimentos. El 7 de junio anunció otra expropiación de otras 18 empresas alimentarias acusadas de violar las regulaciones.
Todos los ojos están puestos ahora en Empresas Polar, un gigante familiar que es la compañía privada venezolana más grande de alimentos y bebidas. Polar, que alega generar casi el 3% del PIB del país no relacionado al petróleo, y tiene 19,000 empleados, se queja de acoso. Dice que sus plantas y oficinas fueron visitadas 220 veces por inspectores del gobierno en los primero cinco meses de este año. A finales de mayo, el gobierno confiscó 114 toneladas de alimentos de un almacén de Polar alegando acaparamiento (lo que la empresa niega).
En varias ocasiones, Chávez ha amenazado a Lorenzo Mendoza, el presidente multimillonario de Polar, con la expropiación. Pero como muestran los alimentos en descomposición, su gobierno funciona mucho mejor destruyendo el orden existente que creando una alternativa viable. Cerca del 70% de los alimentos que consume Venezuela son ahora importados, lo que genera grandes oportunidades para soborno político. La mayoría de las fincas y empresas alimentarias expropiadas por el Presidente sufren de nóminas infladas, menoscabo de la productividad y una ineficiencia rampante. Sus amenazas contra Polar son repudiadas por una fuerza laboral bien pagada y leal. La empresa es uno de los mayores obstáculos que quedan para instalar en Venezuela un comunismo al estilo de Cuba. Pero su expropiación ahora podría costarle a Chávez las elecciones congresuales. Como dicen los venezolanos, "amor con hambre no dura".
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De The Economist, traducido por Diario Libre y publicado bajo licencia. El artículo original en inglés puede ser encontrado en www.economist.com
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