MICM solicita al Procurador investigar denuncias sobre supuesta mafia en venta de combustible

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes solicitó este miércoles al procurador general de la República investigar la denuncia de ANADEGAS y FENATRANO respecto a “una alegada mafia en la venta de combustibles, con la supuesta “connivencia de funcionarios públicos del gobierno y específicamente” del MICM.

La petición está contenida en una instancia depositada la tarde de este miércoles en la Procuraduría General de la República, la cual suscriben el titular de la cartera, Nelson Toca Simó, y César Avilés Coste, consultor jurídico de dicha institución.

“Mediante la presente instancia y en virtud de las disposiciones legales contenidas en los artículos 29, 30, 259, 260, 262, 263, 264 y 265 del Código Procesal Penal, tienen a bien solicitar de manera formal a esa Procuraduría General de la República, dar inicio a una investigación en relación con los supuestos hechos denunciados por los señores Arnulfo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (ANADEGAS); Juan Ignacio Espaillat Taveras, ex presidente de ANADEGAS; (Y) Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (FENATRANO)”.

Toca Simó y Avilés Coste solicitan al Procurador designar los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación a “profundad” de “los hechos denunciados”.

De igual manera piden “convocar a los denunciantes Arnulfo Rivas, Juan Ignacio Espaillat Taveras y Juan Hubieres, a los fines de que aporten al Ministerio Público en el curso de la investigación, los datos, informaciones, pruebas de que dispongan sobre las denuncias realizadas”.

La instancia depositada en la Procuraduría General de la República recoge que Rivas, Espaillat Taveras y Hubieres “plantearon la existencia en el país de una mafia que vende combustibles ´ilegales´ producto del contrabando, señalando los dos primeros denunciantes de forma específica, que dicha mafia se encontraba apoyada y auspiciada por funcionarios del Gobierno, y más específicamente del propia MICM”.